Los grupos parlamentarios critican los planes para hacer aflorar dinero negro

Madrid, 12 abr.- La mayoría de los grupos parlamentarios han rechazado hoy el plan de regularización de dinero negro por su injusticia con el resto de contribuyentes, a pesar de la insistencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no se trata de una "amnistía fiscal", sino de "un gravamen sobre activos ocultos".

El diputado del PSOE Pedro Saura ha opinado, en el debate parlamentario sobre el real decreto de medidas tributarias para la reducción del déficit público, que con ellas no se genera ninguna confianza económica.

El plan para regularizar activos ocultos a cambio de un gravamen de entre el 8 % y el 10 % es, a su juicio, "tremendamente injusto", no ayuda a recuperar la demanda y contribuye a ahondar en la crisis económica.

Para Saura, se ha pasado de una política impositiva que persigue a los defraudadores a una norma fiscal que los perdona y particularmente a las grandes fortunas, ya que el 70 % del fraude fiscal de España se concentra en los grandes defraudadores y grandes empresas.

Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha dicho que, pese a que la situación económica es muy delicada, la amnistía fiscal es "difícilmente entendible" si no va acompañada de medidas para acabar con la economía sumergida, porque si no parece que el Gobierno "ha vendido su alma al diablo".

Ha considerado que el Gobierno debe "emplearse a fondo" para que la regularización sea masiva porque, si es un fracaso, serán "cornudos y apaleados" y la solución no sería como alternativa una subida posterior del IVA y de otros impuestos.

El portavoz de Izquierda Plural Ignacio Garzón también ha dicho que votarán en contra porque considera que el sistema fiscal sigue siendo "altamente regresivo" y sobre todo con lo que defraudan las grandes fortunas.

Con la amnistía, ha añadido, se "legitima" el fraude, además de que supone un problema moral y una condena hacia quienes pagan impuestos, ya que incentiva "de forma perversa" a los defraudadores.

Por el grupo mixto, el portavoz del BNG Francisco Jorquera ha afirmado que las medidas del Gobierno son "económicamente ineficaces, injustas y éticamente inaceptables" y sobre todo una amnistía fiscal que ha tachado de "manifiestamente ilegal".

A su juicio, esta regularización atenta contra el principio de igualdad tributaria y supone un agravio comparativo con los que cumplen con sus obligaciones.

La diputada de ERC Teresa Jordá ha dicho que "la amnistía, que no gravamen", además de injusta, es un agravio porque penaliza a quien cumple y premia a quien defrauda y "nos acerca más a la Italia de Berlusconi que a los países serios".

Ha añadido que supone una competencia desleal hacia las empresas que cumplen con sus obligaciones y pagan sus impuestos.

El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha recordado que todas las instituciones vascas han de aplicar esa amnistía independientemente de por quién estén regidas porque consideran que va en contra de la gente de la calle, la solidaridad y el sistema fiscal.

Por ello, ha pedido al PP que centre sus esfuerzos en atajar el "fraude legal" que se produce a través de las SICAV o los impuestos sobre las grandes fortunas y empresas.

El portavoz del PNV Pedro Azpiazu ha justificado su voto en contra porque considera que es un "auténtico chollo" para los que no pagaron en su día el 20 % o más y ahora ven cómo se les aplica el "módico precio del 10 % para el dinero que viene de paraísos fiscales".

También votará en contra UPyD, según su portavoz, Álvaro Anchuelo, quien ha dudado de la legalidad de la amnistía fiscal porque atenta contra el espíritu de la Constitución.

Anchuelo ha señalado que se ha enviado mensajes a la sociedad de que "si alguien hunde un ayuntamiento, comunidad, caja de ahorros o comercializa preferentes estafando a ancianos no pasa nada" y ahora se lanza otro mensaje similar respecto al fraude.