Los independentistas catalanes siguen sin lograr formar gobierno

Tras más de tres horas de debate, la cámara regional catalana, que el martes ya había votado mayoritariamente contra la investidura de Mas, repitió su dictamen: sólo los 62 diputados de la coalición Junts pel Sí (JxS, Juntos por el Sí) se pronunciaron a favor.

Mas, un conservador de 59 años que durante décadas defendió un nacionalismo moderado antes de sumarse al movimiento independentista en 2012, necesitaba el apoyo del otro partido secesionista, la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), con cuyos 10 diputados suman mayoría absoluta en un parlamento de 135 escaños.

Sin embargo, el líder de CUP, Antonio Baños, volvió a dejar clara su oposición a Mas, por considerar que el partido que preside, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), está demasiado marcado por la corrupción y las políticas de austeridad.

El nuestro es "un 'no' tranquilo", "un 'no' que no cierra la puerta sino que estimula a ir más lejos", afirmó Baños, recordando que el plazo legal para formar gobierno no expira hasta el 9 de enero y su partido está dispuesto a seguir negociando. "Tiene todo nuestro tiempo para llegar a un acuerdo. Estamos atados a la mesa", aseguró.

La víspera, durante una reunión a puerta cerrada entre JxS y la CUP que se prolongó hasta la noche, el presidente saliente había hecho una nueva propuesta: una presidencia plural en la que compartiese el poder con tres vicepresidentes surgidos de otras corrientes independentistas.

Y este jueves durante el debate agregó una nueva concesión, someterse en diez meses a una cuestión de confianza en el parlamento regional.

"Les invito a la intranquilidad del 'sí' que es lo que cambiaría lo que está pasando en Cataluña", lanzó a la CUP.

Aunque tampoco este vez logró seducir a los anticapitalistas, pareció avanzar en el buen camino.

"Tenemos al alcance" un acuerdo, le alentó Baños. Y agregó "tenemos el objetivo común imprescindible, lo tenemos cerca y no lo dejaremos pasar", en referencia al inicio del prometido proceso que debe llevar a la región a la independencia en 2017.

Mas lleva años enfrentado al gobierno conservador español de Mariano Rajoy, primero por su negativa a negociar un nuevo régimen fiscal para Cataluña -región de 7,5 millones de habitantes responsable del 20% de la economía española- y después por su férreo rechazo a organizar un referéndum sobre la independencia.

Ante dicha oposición, convocó para el pasado 27 de septiembre unas elecciones regionales anticipadas que los independentistas presentaron como un plebiscito sobre la independencia. Sin embargo, pese a obtener una mayoría de diputados, JxS y la CUP no lograron sumar el 50% de los votos, lo que, según sus detractores, los deslegitima para llevar adelante el proceso secesionista.

Éste se inició oficialmente el lunes, con la aprobación por el parlamento catalán de una resolución sin precedentes que llama a iniciar inmediatamente y de forma unilateral la creación de estructuras de un Estado independiente como una administración fiscal.

En un contexto de creciente tensión política, a 40 días de las elecciones legislativas españolas del 20 de diciembre, la respuesta del ejecutivo de Rajoy no se hizo esperar: impugnó la resolución ante el Tribunal Constitucional.

Aceptando a trámite dicho recurso, la alta corte suspendió automáticamente el texto y todos sus efectos, advirtiendo además a las autoridades catalanas, encabezadas por Mas, que en caso de desobediencia se exponen a consecuencias penales.

Nuestra "voluntad política es seguir adelante", respondió minutos después desde Barcelona la vicepresidenta del gobierno catalán saliente, Neus Munté.

En un editorial titulado "El disparate de las prisas de Cataluña por la independencia", el diario financiero británico Financial Times se mostró muy crítico este jueves con el proceso secesionista catalán, advirtiendo sobre posibles consecuencias económicas nefastas.

"Es Cataluña, ante todo, la que debe dar un paso atrás", consideró.

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