Los sindicatos se movilizarán en una treintena de provincias en el día mundial del trabajo decente


Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Tarabajadores (UGT) anunciaron hoy que se movilizarán en una treintena de provincias el próximo martes, 7 de octubre, para celebrar el Día Mundial del Trabajo Decente.
El secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, informaron hoy en rueda de prensa de la convocatoria de 35 acciones para unirse a la jornada convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Ferrer incidió en que no se trata de un día “meramente conmemorativo” debido a la situación actual en España. En este sentido, Lezcano afirmó que España está en un contexto de crecimiento “sumamente débil” dentro de un ambiente internacional “muy incierto”, en referencia a las voces que predicen una trecera recesión en la Eurozona.
En concreto, ambos sindicatos han organizado 32 concentraciones frente a las sedes de diversos edificios oficiales en 29 capitales de provincia y una manifestación en Granada que recorrerá la Gran Vía desde la sede de la Subdelegación del Gobierno en la ciudad andaluza hasta la de la Delegación.
En Valladolid se presentará la ‘Campaña en defensa del trabajo digno’, a la que acudirán Ferrer acompañado del secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, acto al que se suma una exposición sobre esta materia en Barcelona.
“DEVALUACIÓN SALARIAL”
La celebración del Día Mundial del Trabajo Decente se articulará en torno a tres reinvindicaciones: el empleo de calidad, la mejora de las redes de protección social y la defensa de los derechos laborales.
Ambas organizaciones defendieron que la salida de la crisis en España “pasa porque los salarios crezcan”, un debate, dicen, ante el que cada vez encuentran “mayor comprensión”, en referencia a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que advertía de la bajada salarial podría derivar en deflación.
Asimismo, insistieron en que durante la crisis se ha producido un “severo recorte de derechos y libertades” y recordaron que más de 200 sindicalistas están encausados por “ejercer la libertad sindical participando en huelgas o manifestaciones” y la vulneración de los Convenios Colectivos en aplicación de la reforma laboral.
Por último, exigieron al Gobierno que cumpla su compromiso de implantar una pensión asistencial para las personas sin recursos y los parados de larga duración. En este sentido, pidieron al Ejecutivo que dedique una “financiación suficiente” y que tenga el “consiguiente reflejo” en las partidas presupuestarias.

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