La orden de búsqueda y captura dictada por la Justicia venezolana contra Leopoldo López ha tensado hasta el extremo las relaciones diplomáticas con España, dado que el líder opositor se encuentra recluido "en calidad de huésped" en la Embajada española de Caracas desde este miércoles. De esta manera, deja abierta la posibilidad de que solicite formalmente asilo a España teniendo en cuenta que además ostenta la doble nacionalidad y que esta figura le otorgaría una mayor garantía jurídica.
No obstante, desde Moncloa aseguran que no existen ninguna intención de entregar al político opositor y confirman que tanto él como su mujer Lilian Tintori y su hija pequeña se encuentran en el interior de la Embajada "por voluntad propia". Respecto a la orden librada por Nicolás Maduro, el Ejecutivo de Pedro Sánchez determina que se trata de un "movimiento judicial esperado" y que confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español.
Al respecto, fuentes expertas en derecho internacional consultadas por este diario explican que en ningún caso se podría proceder a la detención de Leopoldo López mientras éste se encuentre recluido en la residencia del diplomático Jesús Silva puesto que la Embajada tiene consideración de territorio de Estado y el allanamiento implicaría un atentado a la soberanía nacional española. Con todo, el Gobierno de Nicolás Maduro ya ha puesto en aprietos al Ejecutivo español dado que ha dejado en su mano la posibilidad de entregarle a la Justicia bolivariana apenas dos días después de su liberación, o bien de otorgarle asilo en caso de que lo solicite, desoyendo así la orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Previamente a la emisión de la orden, un tribunal ordinario de Caracas ha revocado la medida de arresto domiciliario que pesaba sobre el líder de la oposición desde julio de 2017. López fue condenado en 2014 a cerca de 14 años de prisión acusado de liderar las protestas contra el chavismo que dejaron unos 40 fallecidos. Ese mismo año ingresó en un centro penitenciario pero en 2017 logró que se le aplicara esta medida que ahora la Justicia venezolana revoca con el fin de allanar el camino a su detención. El razonamiento acordado es que ha violado "flagrantemente" la situación de arresto y, por tanto, encargan su su detención al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La orden se produce apenas dos días después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado de militares, liberara a López y difundiera un vídeo grabado desde la base de La Carlota en Caracas. Desde allí hicieron un llamamiento a derrocar al gobierno chavista sin que hubiera derramamiento de sangre y con el fin de restituir "la legalidad democrática", de acuerdo con fuentes de la defensa internacional del líder político consultadas por este diario que aclararon que esta liberación fue "jurídicamente impecable" y se hizo respetando el procedimiento previsto en la Ley.
Sin embargo, las protestas y los enfrentamientos entre rebeldes y el Ejército se han recrudecido en las últimas horas hasta dejar un balance, por el momento, de cuatro personas fallecidas; las últimas, dos jóvenes de 14 y 16 años que resultaron heridos de gravedad en las protestas que han tenido lugar en las últimas horas en la capital bolivariana,según informan medios venezolanos. Además se habla de un balance de más de 130 personas heridas y 200 detenidos por los últimos disturbios.
En lo que respecta a la emisión de la orden de detención dictada por el Gobierno venezolano, las mismas fuentes consultadas explican que el derecho internacional es claro al respecto: la Embajada forma parte del territorio al que representa y, por tanto, ninguna fuerza policial ni militar puede desarrollar acciones en territorio de otro Estado, aunque no tenga la condición de refugiado o no haya solicitado el asilo político. Eso sí, esta orden implica que en el mismo instante en que López abandonara la Embajada, sería inmediatamente detenido puesto que estaría oficialmente en suelo venezolano.
La Justicia española queda fuera de este conflicto en tanto no se trata de un supuesto de extradición o de ciudadanos españoles en el extranjero reclamados por la comisión de algún delito en nuestro país. En España, el órgano judicial que se encarga de tramitar estas gestiones es la Audiencia Nacional; de hecho, el pasado 13 de abril ordenó el ingreso en prisión del exjefe de contrainteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal tras su detención por parte de agentes de la Policía Nacional en virtud de una petición de extradición de Estados Unidos que pesaba sobre este líder del chavismo próximo a Maduro.
Con todo, la tensión social y política que vive Venezuela ha provocado la reacción de toda la comunidad internacional que mira con preocupación el avance de la bautizada como 'operación Libertad' en uno de los países como mayor nivel de producción y exportación de petróleo. A la espera de cómo evolucionen los acontecimientos, Estados Unidos ya ha anunciado que se desplegará la acción militar en caso de que fuera necesario. Por su parte, el ministro de Defensa bolivariano, Vladimir Padrino, tampoco descartó que se recurra a la violencia para frenar lo que han calificado de "golpe de Estado".
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