Malasia ya ha dado una respuesta a España: el dueño de Leno, la empresa en la que Luis Medina y Alberto Luceño adquirieron las mascarillas, guantes y test rápidos que vendieron al Ayuntamiento de Madrid, no colaborará con la Justicia española. Así se desprende de una reciente comunicación de las autoridades malayas, a la que ha tenido acceso La Información, en la que detalla que, después de un año de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción española, han logrado localizar a San Chin Choon, pero que éste se niega a ponerse a disposición de las autoridades españolas para cooperar con la investigación de manera voluntaria.
La Fiscalía Anticorrupción emitió una comisión rogatoria -petición de auxilio judicial- en mayo de 2021 en la que solicitaba a Malasia que interrogara como testigo al máximo responsable de Leno, empresa proveedora del material sanitario, con el fin de aclarar la autenticidad de varios documentos que aportaron Luceño y Medina para acreditar que eran "agentes exclusivos" de dicha empresa, algo de lo que el Ministerio Público duda, y que por ello pactaron varias comisiones. Una petición que, tras varias comunicaciones con el país asiático sin éxito, volvió a tramitarse en enero de este año y que finalmente ha recibido contestación.
Sin embargo, la contestación no ha sido la esperada, pues el listado de 19 preguntas que tenía preparado el fiscal de la causa, Luis Rodríguez Sol, para aclarar todos los flecos de cómo Medina y Luceño dieron un pelotazo con la compraventa de mascarillas en uno de los momentos más duros de la pandemia se quedan sin resolver. "Se informa que se logró identificar y localizar al sujeto San Chin Choon. Sin embargo, como se negó a cooperar, lamentamos informar de que no podemos ayudar en la grabación de su declaración", informa el fiscal jefe de la Unidad de Crimen Internacional, Ramesh Gopalan. La carta del fiscal de Malasia añade que de acuerdo al ordenamiento malayo, los agentes solo pueden realizar la grabación del interrogatorio de aquella persona que accede "voluntariamente" a ello.
Luis Medina, hijo pequeño del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, y su socio Alberto Luceño están siendo investigados por el cobro de una comisión de 6 millones de dólares obtenida en la compraventa de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020. El consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida pagó 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) por conseguir un millón de mascarillas KN95, dos millones y medio de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos Covid-19. Un precio que, según indica Anticorrupción en su querella, estaba inflado, ya que los comisionistas "actuaron de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico".
Embargo de bienes de lujo
Con estos precios, según se desprende del sumario del denominado como 'caso mascarillas' y del escrito del Ministerio Público, Luceño -que fue quien llevó a cabo todos los pormenores del contrato con el servicio municipal funerario- obtuvo en total 5 millones de dólares, que posteriormente invirtió en una estancia de hotel; la compra de una vivienda y en la adquisición de artículos de lujo como relojes de la marca Rolex; y 12 coches de alta gama (Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Range Rover, KTM, BMW, Porsche, Lamborghini y McLaren). En cuanto a Medina, solo cobró un millón de dólares, que le permitió comprar un yate y dos bonos bancarios.
El juez de Madrid que investiga este caso, Adolfo Carretero, ha tratado de embargar los bienes de los dos comisionistas -que están citados a declarar el próximo 25 de abril-, si bien se ha encontrado con varios obstáculos. Por un lado, Medina había vaciado su cuenta bancaria y solo dejó 247 euros, por lo que solicitó a las partes personadas en el caso qué medidas cautelares para intentar asegurar la cantidad que presuntamente se habría llevado de más en el negocio de las mascarillas. En este sentido, Anticorrupción solicitó la fianza 891.000 euros. Sobre Luceño, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid tampoco ha podido incautarle toda la cantidad reclamada por el Ministerio Público, si bien ha ordenado el bloqueo de cerca 130.000 euros depositados en tres cuentas bancarias. Asimismo, también ha solicitado a las acusaciones que se pronuncien sobre qué hacer para recuperar la cantidad restante.
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