Si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretendía aplacar con concesiones económicas la ira contenida en la Guardia Civil por la purga que ha hecho de uno de sus coroneles más laureados y la dimisión del director adjunto operativo, el tiro le ha salido por la culata. El malestar y la indignación del Cuerpo se hizo evidente ayer al comprobar que el miembro del Gobierno del que depende su trabajo no entiende que "no se trata de una cuestión de dinero, sino de dignidad y respeto”. Por más que Marlaska quisiera enmarcar todo en los procesos de sustitución de equipos del Ministerio, entre los más de 79.000 componentes de la Guardia Civil la indignación por sus palabras corría como la pólvora, desde los recién llegados hasta los altos mandos, a la vista de que lo ocurrido con Diego Pérez de los Cobos no tiene una explicación lógica y la salida posterior de Laurentino Ceña se entiende como un acto que le honra “a él y a su uniforme”.
“Me asombra que alguien que ha sido tanto tiempo juez y que tiene un carácter tan técnico, tome ahora estas decisiones y plantee unas justificaciones tan burdas”, señalaba este martes un oficial de la Guardia Civil bajo condición de anonimato, miembro de una de las grandes asociaciones del Cuerpo. Grande-Marlaska ha encuadrado el cese del coronel de la comandancia de Madrid en la “reconstrucción lógica de equipos” en el Ministerio y el “proceso natural de sustitución basado en la confianza”.
Pero desde prácticamente todos los colectivos que aglutinan a los miembros de la Benemérita se han lanzado mensajes a favor de la trayectoria intachable del coronel cesado, sobre todo tras su gestión de la crisis del 1-O en Cataluña, y se ha criticado con dureza la falta de tacto del ministro que, para rematar la faena y hacer más daño en la herida, ha querido salir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros a contar las concesiones salariales y las inversiones prometidas a la Guardia Civil. “Si hubiera querido recomponer equipos, lo debía haber hecho con el general de la zona, no con el coronel, que está por debajo y sus funciones no son políticas, son operativas”, recuerdan fuentes sindicales.
El corolario a esta crisis interna de la Guardia Civil frente al ministro del Interior se acrecentó todavía más este martes, cuando se anunció el nombramiento de Pablo Salas como nuevo director adjunto operativo del Cuerpo. Sin ánimo de restarle méritos al nuevo responsable, que lleva más de 40 años de servicio y acumula condecoraciones de todo tipo, las críticas se centran en que es la primera vez que el puesto no recae en el selectivo grupo de tenientes generales de mayor antigüedad en la Guardia Civil, sino en un general. De hecho, el nombramiento debe esperar a que la titular de Defensa ascienda al nuevo candidato a ese nivel para poder nombrarlo. Fuentes internas de la Guardia Civil han apuntado que, tras la dimisión de Ceña, el ministro se ha encontrado con que el resto de tenientes generales no han querido postularse para ocupar su cargo ante el desagravio sufrido y por coherencia con el resto del Cuerpo.
No hay concesiones sin Presupuestos
La revuelta en el Cuerpo es amplia. Nadie entiende por qué sale ahora Marlaska con el tema del tercer tramo de la equiparación salarial, las inversiones comprometidas en pabellones y pisos, y la convocatoria de nuevas plazas para entrar al servicio. “Eso ahora no viene a cuento y no compensa la sensación de desamparo que tenemos todos los que estamos en la calle”, asegura un teniente de la Guardia Civil que presta servicios en el entorno rural. “La injusticia que se ha hecho con Pérez de los Cobos no se compensa ni con las explicaciones que ha dado, ni con el dinero que ofrece”, remata. "No hace falta conocerle personalmente, es uno de los nuestros".
Los sindicatos y asociaciones recuerdan, además, que cualquier opción para que se cumplan las mejoras económicas prometidas pasa porque se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, y eso está todavía muy lejos como para salir ahora a contarlo como si fuera algo que ya se ha conseguido. “Es que ya no es una equiparación salarial con el resto de cuerpos autonómicos, lo que hay que hacer es una subida: la Generalitat ha pagado a los servicios esenciales del Covid una extra de 666 euros, además de los 600 euros anuales para igualar a los Mossos con los bomberos; y aquí estamos muy por debajo de todo eso”, explican desde otro sindicato que aglutina tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional.
Desde asociaciones como Jucil, no obstante, advierten que no es momento de hablar de dinero, cuando estamos ante un grave atentado contra el Estado de derecho, "más grave cuando viene de un político que ha sido juez", dicen. "Quien va a creer a este hombre cuando vuelva a su puesto de juez tras dejar la política", señalan. El 3 de marzo, ante la pandemia, esta asociación y otras representativas de la Guardia Civil dejaron a un lado sus reivindicaciones económicas y "no pensábamos volver a hablar de ello hasta que hemos escuchado al ministro", dicen. "No podemos hablar ahora de dinero con gente que no cobra a nuestro alrededor que necesita nuestra ayuda", explican desde Jupol.
Malestar en todos los colectivos
Precisamente, en el entorno de la Policía Nacional tampoco han sentado nada bien los ajustes que el ministro del Interior ha hecho en sus colegas de la Guardia Civil. El hecho que más choca, dada la implicación de este Cuerpo con las pesquisas de las instrucciones judiciales, es la salida de Pérez de los Cobos tras entregar un informe muy duro contra la gestión del Gobierno en la pandemia del Covid antes de las protestas del 8-M. El documento, que apunta directamente al responsable de Emergencias, Fernando Simón, y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se le entregó directamente a la juez del caso, Carmen Rodríguez Medel, como es preceptivo, sin ningún tipo de indicación ni aviso al Ministerio.
Fuentes policiales advertían este martes que si del informe de sus colegas de la Guardia Civil resulta que el juez entiende que se ha hecho algo ilegal, que los culpables, sean quien sean, afronten el imperio de la ley, como todo el mundo. En lo que respecta a la dimisión de Pérez de los Cobos, quienes le conocían bien aseguran que “todo apunta a que el coronel ha elegido correctamente entre cesado y procesado; entre su dignidad personal y profesional o la adulación y el servilismo, lealmente defendiendo a su institución y a sus hombres”.
Aunque el ministro del Interior ha desligado en todo momento el informe judicial con el cese, desde todos los ámbitos policiales y políticos se da por hecho que la supuesta “falta de confianza” de Pérez de los Cobos viene de ahí. Tanto es así que la propia juez del caso salió en defensa del trabajo del coronel y hasta la Asociación Profesional de la Magistratura ha advertido que se debe restituir al coronel hasta que se acabe la instrucción del caso y, tras ello, exige que se deben aclarar las razones de su pérdida de confianza, porque “introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial", porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal.
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