Más sueldo, reforma de infraestructuras y oferta de empleo público para reforzar el Cuerpo. Esta ha sido la reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis generada en su departamento por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos y la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, por la polémica creada en torno a los informes sobre las manifestaciones del 8-M. El titular del departamento de Interior ha anunciado un "nuevo impulso" para la Guardia Civil y la Policía Nacional en medio de toda la polvareda a través de la aplicación del tercer tramo de la equiparación salarial con otras fuerzas autonómicas. Una decisión aprobada por el Consejo de Ministros y que supondrá un gasto de 247 millones de euros para subir los sueldos a los agentes.
El primer paso para mitigar estos problemas a los que se enfrenta Grande-Marlaska ha sido solucionar ese vacío en la Guardia Civil por la salida de Ceña como DAO. Apenas un par de horas después de que trascendiera su dimisión, presentada solo una semana antes de que se formalizara su jubilación, el ministro ha anunciado que quien ocupará su puesto será Pablo Salas Moreno. Hasta el momento, Salas Moreno era el jefe de Información de la Benemérita, por lo que estaba al frente de la lucha antiterrorista dentro del Cuerpo. De esta manera, ascenderá de general de división a teniente general.
El otro paso dado por Interior ha sido la aplicación de este tercer tramo de subida salarial para equiparar los sueldos a los de las policías autonómicas. Algo que se realizará en los próximos meses pero con efecto retroactivo al 1 de enero, según ha precisado Grande-Marlaska. Las dos actualizaciones anteriores se produjeron en octubre de 2018 y en abril de 2019 y también lo fueron con efectos retroactivos a 1 de enero. Ambas sumaron 560 millones, a los que se añadirán ahora otros 247 millones. Una medida que se lleva a cabo tras más de un año de reclamaciones de las asociaciones profesionales, que instaban a Interior a que cumpliera con lo prometido. Algo a lo que el departamento se había negado hasta ahora. Y que se reactiva en plena crisis por las salidas de Pérez de los Cobos y de Ceña.
Otra inversión anunciada por el titular de Interior es la de 600 millones para reformar las infraestructuras y dotar de medios a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que implicará una renovación de sus edificios, ya sea de trabajo o de residencia habitual, y supondrá un incremento de las herramientas que manejan los agentes de Policía y Guardia Civil. Este refuerzo para ambos Cuerpos se trasladará además al número de efectivos, ya que se aumentará la oferta de plazas de opositores para así contrarrestar los 12.000 efectivos que se han perdido en los últimos años. De esta manera, el Ministerio de Interior busca 'calmar las aguas' por la crisis que le enfrenta a las dos instituciones con un refuerzo total de la estructura de ambas.
Los ceses de la polémica
Fernando Grande-Marlaska ha negado cualquier intencionalidad política en las últimas decisiones que ha tomado, como la destitución de Pérez de los Cobos. Según el ministro, la salida del responsable de la Guardia Civil en Madrid solo responde a un criterio de "reestructuración" y de conformación de "nuevos equipos". Por tanto, asegura que el cese del alto cargo de la Benemérita no tiene que ver con que supuestamente se negara a desvelarle datos del informe que preparaba el Cuerpo sobre la gestión que hizo el Gobierno de las manifestaciones del 8-M cuando el coronavirus ya estaba propagándose por todo el país.
El responsable de Interior ha asegurado que ese documento preparado por la Benemérita aún no está en su poder. "Sé cuáles son mis competencias y cuáles son las de un juez, y hay una palabra que no conjugo, que es injerencia, y no la conjugaré nunca", ha expuesto Marlaska, que ha reaccionado así tras conocerse que la responsable de la investigación advirtió a Interior de que esa investigación estaba bajo secreto. Aun así, su contenido ya ha sido desvelado por medios como La Información, y contiene datos que apuntan a que el Ejecutivo ya era consciente de los peligros de que se celebraran las marchas feministas por lo que supondría para la transmisión del virus.
Toda esta situación ha provocado una gran crisis para Moncloa que no ha hecho más que acrecentarse en las últimas horas. Pero Marlaska ha repetido varias veces que se trata de "un cambio, una modificación" que "no tiene ninguna otra razón, ninguna otra cuestión". Un proceso "normal" que ha terminado con la salida de Pérez de los Cobos, cuyo nombre se hizo conocido por liderar el dispositivo de las Fuerzas de Seguridad en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El ministro también ha asegurado que "respeta" las críticas de las asociaciones de Guardia Civil o de jueces, que han cargado contra Interior por tomar esta decisión. "Es un proceso de actualización, un proceso normal de los equipos aludidos", ha reiterado ante las preguntas de los periodistas.
Tormenta política
Marlaska ha comparecido tras 24 horas cargadas de polémica que comenzaron con su decisión de destituir a Pérez de los Cobos, el último de una larga lista de destituidos. Una situación que, además de haber provocado una tormenta política, con partidos como Vox o PP exigiendo la dimisión del titular de Interior, ha despertado el descontento con el ministro dentro de la Guardia Civil. El rechazo a la salida del exjefe de la Benemérita en Madrid se ha evidenciado con la dimisión de Ceña solo una semana antes de que se formalizara su jubilación. Y no es el único alto mando del Cuerpo que no está conforme con los pasos dados desde el Ministerio, como ha podido saber este diario.
La polémica jurídica también implica a Marlaska, que además es juez de profesión. Su supuesta intromisión para conocer el informe que la Guardia Civil estaba preparando sobre la gestión de las manifestaciones del 8-M que hizo la Delegación del Gobierno en Madrid es algo de lo que ya le ha advertido el juzgado. La magistrada que investiga dicha causa, Carmen Rodríguez Medel, remitió esta semana un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a los agentes de "guardar rigurosa reserva" sobre las pesquisas encomendadas. Además, avisó de que la infracción de dicho deber puede dar lugar a responsabilidades penales.
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