Militares denuncian que el “rodillo parlamentario arrasa” con sus derechos

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha denunciado la “pérdida intensa y progresiva de derechos que vienen sufriendo los militares en los últimos meses”. Esta situación, desde su punto de vista, tiene su origen en la tramitación de diversos proyectos de ley y en la publicación de leyes que “afectan de forma directa y muy restrictiva a derechos fundamentales, libertades públicas y derechos profesionales de las mujeres y los hombres que integran las Fuerzas Armadas”.
Según informó la AUME, la reciente entrada en vigor de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y su aplicación “está evidenciando un retroceso manifiesto en los derechos de defensa de los militares, a los que se induce o conmina a aceptar la conformidad con sanciones para evitar que hagan uso del derecho a la asistencia letrada”.
En ese sentido, denuncian que “los arrestos -privaciones de libertad- se siguen imponiendo por mandos que son, a un tiempo, juez y parte, sin que el uso de los procedimientos de ‘habeas corpus’ esté evitando la pérdida arbitraria de libertad de muchos ciudadanos de uniforme”.
La AUME alerta de que “el incumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con los procesos de elaboración de los Informes Personales de Calificación (IPEC) es clamorosa”, lo que, a su juicio, permite que “se continúe con los procedimientos no adaptados en el actual periodo de calificación, lo que supone una quiebra de los principios de mérito, capacidad e igualdad y pone en peligro los procesos de evaluación para el ascenso”.
Por su parte, la AUME advierte de que el proyecto de Código Penal Militar (en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados) “no respeta el mandato constitucional de limitar su extensión a lo estrictamente castrense y, por el contrario, extiende el ámbito penal militar a delitos comunes”, al tiempo que “recoge nuevos tipos penales que parecen teledirigidos a criminalizar el derecho fundamental de asociación profesional”.
La AUME cree que la Ley de la Carrera Militar -también en fase de tramitación en la Cámara Baja- “no es más que un parche, que llega tarde y es manifiestamente insuficiente. Además, cuenta con el rechazo de todas las asociaciones de militares”.
El colectivo destaca que la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “que reconoce la existencia de privilegios del Gobierno en la configuración de la jurisdicción militar, no resuelve lo que la gran mayoría del arco parlamentario, la sociedad civil y los militares están demandando”.
Por otra parte, la AUME dice que los trabajos que sobre el régimen de jornada y horarios se están llevando a cabo en un grupo de trabajo ‘ad hoc’ en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) , “usan a los representantes de las asociaciones como mera coartada para tratar de imponer una jornada y unos horarios manifiestamente regresivos, que no respetan ni salvaguardan los derechos profesionales de los militares y que afectan muy gravemente a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar”.
La AUME considera que esta situación no es más que “el reflejo y la consecuencia directa del uso del rodillo parlamentario y del no entendimiento por el Gobierno, de la existencia del derecho y de la voluntad, expresada en múltiples ocasiones, de los militares de ser ciudadanos de primera y de integrar el cumplimiento de sus funciones con los derechos”.
Por último, el colectivo defiende que “sólo un cambio decidido en la concepción del trato a los ciudadanos de uniforme, que pasa por tratarlos como tales, con medidas reales que faciliten y potencien su participación en los asuntos que les afectan, podrá ser el cauce inicial de la consolidación de procesos de plena ciudadanía”.