Molestas o resignadas, las autonomías encaran el difícil día después

Madrid, 13 jul.- Unas están molestas, otras resignadas, pero todas las comunidades autónomas son conscientes, en el día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de que los nuevos objetivos de déficit fijados por Hacienda les exigirán otra vuelta de tuerca en su obligación de ajustar las cuentas.

Y ninguna de las que han hablado hoy, por boca de sus presidentes o consejeros, han admitido abiertamente estar en ese grupo de ocho comunidades, según diferentes fuentes, cuya identidad se mantiene en el más absoluto anonimato y a las que ayer Hacienda advirtió sobre el riesgo de incumplir el objetivo de déficit para 2012, el 1,5 % del PIB.

Advertencia que puede acabar en sanción y, en último extremo, como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en intervención directa por parte del Gobierno central.

"No es el momento de señalar a nadie", decía el ministro Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado la creación de un fondo para cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, un máximo de 18.000 millones de euros para acabar este año. Un tercio de los fondos llegarán desde Loterías y Apuestas del Estado.

Minutos antes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pedía a las autonomías "un ejercicio de responsabilidad" para no gastar más de lo que ingresan y controlar el déficit, ante los sacrificios que se piden a los ciudadanos.

José Antonio Monago, presidente de Extremadura, comunidad que ayer se abstuvo en la votación de la nueva senda de déficit hasta 2015, decía que a él nadie le ha llamado. "Extremadura -decía- hace sus tareas y cumple sus objetivos".

El consejero de Hacienda castellano-manchego, Arturo Romaní, destacaba que su comunidad es una de las "más serias y decididas en el cumplimiento de objetivos" de déficit, por lo que, teniendo en cuenta su situación de partida, el 7,3 % el año pasado, "no merece ninguna amonestación, sino incluso un reconocimiento".

Ayer, el Consejo aprobó, con el voto en contra de Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias, y las abstenciones de Castilla y León y Extremadura, gobernadas ambas por el PP, una senda de déficit que pasa por no relajar ese 1,5 % de obligado cumplimiento este año.

Una abstención, la del Gobierno castellano-leonés de Juan Vicente Herrera, que ha causado "preocupación y malestar" en el PP nacional, según fuentes del partido, que han calificado de "insolidarias"ésta decisión y la postura del gobierno regional sobre el conflicto de la minería del carbón.

Tomás Villanueva, su consejero de Economía y Empleo, aseguraba que no le constan presiones del Gobierno de Rajoy para votar a favor. La abstención, recalcó, demuestra la "independencia" de la comunidad.

En 2013 el déficit deberá ser del 0,7 %, del 0,1 % en 2014 y las comunidades deberán tener superávit, del 0,2 %, en 2015.

Especialmente enfadadas estaban hoy Andalucía y Cataluña. Carmen Martínez Aguayo, consejera andaluza de Hacienda, criticó el "tono inquisitivo" de Montoro ayer, y advertía que "no es el mejor camino" para lograr la unidad.

Palabras a las que Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, todavía presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y desde el lunes nuevo presidente del PP andaluz, respondía pidiendo al gobierno de Griñán que deje de "dar bandazos" sobre la aplicación de su plan de ajuste y que se ponga "manos a la obra" para contener el déficit.

Artur Mas, presidente de la Generalitat, acusaba al Gobierno de Rajoy y a la Unión Europea de culpabilizar a las autonomías y de no compartir con ellas los sacrificios económicos que les exigen. Su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, uno de los más enfadados ayer con Montoro, anunció que Cataluña solicitará a Bruselas su interlocución en el caso de que el Gobierno central les intervenga.

Francesc Homs, portavoz del Ejecutivo catalán, no descarta que los nuevos objetivos de déficit obliguen a la Generalitat a una nueva ola de recortes, y ha pronosticado que Cristóbal Montoro "se estrellará" con su decisión de endurecer los planes sobre el déficit.

Oriol Pujol, presidente del grupo parlamentario de CiU en la cámara catalana, se "huele" que, ese 0,7 % de déficit para 2013, puede suponer a la Generalitat un nuevo ajuste presupuestario de 800 millones de euros.

Baleares anunciaba que, si no hay ninguna "desviación", su gobierno no aplicará más recortes. Cantabria apelaba al compromiso de todas las comunidades con el déficit, para lanzar así a los mercados una señal de que es posible lograr la estabilidad presupuestaria.

Si ayer Galicia votó sí por disciplina a los planes de Montoro, el portavoz del PP gallego, Antonio Rodríguez Miranda, puntualizaba que fue un sí "crítico" y, ante todo, un "acto de generosidad con el Estado".

A La Rioja nadie le tirará "de las orejas", ha destacado su presidente, Pedro Sanz, porque su Gobierno ha hecho los deberes. "Queremos que nos controlen. Cuando uno dice que lo controlen es porque uno hace los deberes y los hace todos los días", decía hoy.

En Murcia, su presidente, Ramón Luis Valcárcel, no descarta que para cumplir sean necesarias "medidas adicionales" de ajuste. Y a juzgar por sus palabras, Murcia es una de las ocho comunidades "amonestadas", ya que ha advertido de que cuentan con unos días para convencer a Hacienda de que van "a cumplir".

El presidente de otra comunidad, Canarias, que ayer dijo "no" a los planes del Ministerio, Paulino Rivero, aseguró que el archipiélago "no ha visto ninguna tarjeta", e insistía en que cumplirán "la ley", aunque la consideren "injusta y antisocial".

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, alertaba de que habrá que "prescindir de cosas que en estos diez últimos años hemos podido dar a todos los ciudadanos" para cumplir con Hacienda.

Percival Manglano, que ayer asistió a la reunión del CPFF, en su condición de consejero de Economía y Hacienda de Madrid, pedía al Gobierno central que "profundice" en las "reformas estructurales" para que las comunidades puedan cumplir y "cuadrar las cuentas".

Tres portavoces en el Senado, los de Entesa (José Montilla), CiU (Jordi Vilajoana) y PSOE (Marcelino Iglesias) han coincidido en la necesidad de que no se señale a las comunidades autónomas como las causantes de la crisis económica. A ellas se ha dirigido el líder de IU, Cayo Lara, para pedirles que se "rebelen" frente a la intransigencia "desproporcionada" del Gobierno, que quiere aplicarles el "tercer grado fiscal".