Moliner dice que son necesarias medidas de agilización de la Justicia

  • El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha dicho hoy que son necesarias "medidas de agilización" de la Justicia.

Albacete, 3 oct.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha dicho hoy que son necesarias "medidas de agilización" de la Justicia.

Moliner ha presidido la reunión anual de presidentes de tribunales superiores de todas las CCAA en Albacete, donde ha dicho que los cambios desde la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1998 son de "tal magnitud" que el mapa de circunscripciones judiciales tendrá que responder a "criterios de especialización, tiempo y calidad del servicio, proximidad y eficiencia".

Ha abogado por el uso de nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de la Justicia, y ha atribuido al Poder Judicial la labor de adaptar sus funciones "mediante la aprobación de programas y aplicaciones informáticas" que coexistan en el territorio nacional y que estén "interconectados" para favorecer así "un rápido acceso a las bases de datos y optimicen la gestión de la Justicia".

Como ejemplos, ha puesto la coordinación de distintos organismos como la Agencia Tributaria, el Fondo de Garantía Social (Fogasa), la Policía o el Instituto Nacional de Estadística (INE) o los embargos telemáticos "en colaboración con las entidades financieras".

En el cato ha participado la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se ha referido a las "importantes reformas" que debe acometer la Justicia española en temas como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Demarcación y la Planta Judicial y ha destacado la importancia de la justicia "para el desarrollo económico de un país".

Las reformas en Justicia, ha señalado, deben acometerse "sin menoscabo de la cercanía con los ciudadanos" y ha añadido que también le preocupan otras mejoras en este ámbito como "el nuevo Código Mercantil o la Ley del Menor", que ha considerado "retos" que tiene por delante el Gobierno de España y el Poder Judicial.

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