El Gobierno celebrará este sábado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el segundo decreto antiinflación, un paquete que sigue en negociación. Fuentes del Ejecutivo informan que en las últimas horas se han acelerado las conversaciones para alumbrar este conjunto de normas con medidas para hacer frente al incremento de los precios, medidas dirigidas especialmente a las familias y empresas más vulnerables.
El calendario ha obligado a acelerar los planes. Tras el fiasco de la izquierda en Andalucía, el Gobierno mueve ficha con este decreto ante una situación económica que ha empeorado respecto a la primera norma aprobada en marzo. La semana que viene, desde el martes, todo se centrará en la Cumbre de la OTAN.
Moncloa ya ha informado a los ministros que el sábado tendrán que estar en Madrid. En estos cuatro días se multiplicarán las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos en búsqueda de un acuerdo que pueda hacer a los dos partidos remontar el vuelo tras lo ocurrido este domingo en Andalucía.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avanzó este lunes algunas de las propuestas que Unidas Podemos pondrá sobre la mesa en la negociación de este nuevo decreto anticrisis, para el que plantea un incremento del impuesto de sociedades para las grandes empresas energéticas de hasta 10 puntos. Según los cálculos de la ministra de Trabajo, la iniciativa conseguiría elevar la recaudación entre 1.500 y 2.000 millones de euros que servirían para sufragar medidas sociales aprobadas desde Moncloa para luchar contra la inflación.
"Las medidas excepcionales en un momento excepcional nos tienen que ayudar a llegar a ser la sociedad que queremos. Un país que mire al futuro y recupere la esperanza avanzando en el día a día", ha remarcado la titular de Trabajo a través de su cuenta de Twitter. De esta forma, Díaz mantiene así la propuesta que ya planteó la formación morada el pasado mes de enero, en el que reclamaba un recargo de 10 puntos en el tipo del impuesto de sociedades para las compañías eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros dentro de una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a hacer una reforma fiscal. El partido en aquel momento propuso que la duración de la medida fuera de, al menos, cinco años, aunque este lunes Yolanda Díaz no ha ofrecido ningún horizonte temporal concreto. En el momento actual en España dicho tributo está en el 25%, por lo que el incremento planteado supondría situarlo en el 35%.
Tal y como publicó La Información, el ala socialista del Gobierno ya tiene sobre la mesa esta opción y aunque todavía hay dudas sobre su puesta en marcha, la coalición estudia dos vías posibles para subir los impuestos a las catalogadas como grandes eléctricas. Incrementar sociedades a través de un decreto ley que permita su aplicación inmediata sería la opción más rápida para esta medida respaldada por la Comisión Europea o la OCDE y que ya está implantada en países como Reino Unido e Italia.
El 'plan b' pasaría por desarrollar un nuevo impuesto. Sin embargo, la segunda vía es más complicada que la primera y alargaría su puesta en marcha unos meses. La Constitución recoge que las nuevas figuras fiscales deben ser reguladas con una ley propia, al margen de los Presupuestos Generales del Estado. Sí se podrían en cambio utilizar las cuentas públicas anuales para subir o bajar los impuestos ya existentes, según explican fuentes de ámbito técnico que recuerdan que desde que comenzó la pandemia, el Gobierno ha aprobado cuatro reales decretos-ley para modificar el impuestos de sociedades, incluyendo subidas y bajadas en los tipos efectivos de esta figura fiscal ahora en discusión parcial. Precedentes para cambiar sociedades, por tanto, hay y son recientes.
Díaz ha sacado pecho de la gestión realizada estos meses para combatir el alza de precios y asegura que si bien el Ejecutivo actuó "con rapidez" cuando el IPC comenzó su escalada tras la invasión rusa de Ucrania, defiende que las iniciativas impulsadas en su día "no son suficientes" y considera que se deben poner en marcha más ayudas frente a una crisis internacional. "Es imprescindible reforzar la protección de la ciudadanía y avanzar en medidas que potencien la transición energética", remarca.
En este sentido, la vicepresidenta abre la puerta a un cheque de 300 euros "como se ha hecho en Francia" donde se abonan 100 euros para quienes ganen menos de 2.000 euros. El pasado mes de marzo Podemos ya propuso un 'plan de emergencia energético', que incluía un cheque o bono energético de 300 euros para 19 millones de familias en España, lo que tendría un coste que estiman en 5.700 millones de euros. Cabe destacar que el Partido Popular también incluyó esta medida en el denominado 'Plan Feijóo' que Sánchez desterró por completo en un encuentro en el palacio de La Moncloa.
En cuanto a la transición ecológica, apuesta por reducir en un 50% los precios del abono de transportes para así incentivar el uso del transporte público ante el aumento de precios de los carburantes. "Además, proponemos establecer un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas.", ha proseguido la vicepresidenta. La última medida al respecto fue generalizada para toda la población, bonificando los carburantes con 20 céntimos por litro. Con ello, la formación morada renuncia al abono de 10 euros, información adelantada por este medio, y se conforma ahora con el citado descuento.
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