El segundo plan que prepara el Gobierno para intentar hacer frente a la inflación cambia por días. Incluso, por horas. El área socialista del Gobierno reconoce ahora que un impuesto específico a las grandes compañías eléctricas para sufragar medidas con las que proteger a las familias y empresas más vulnerables está sobre la mesa. Es una novedad, ya que hasta hace poco el plan pasaba por posponer el debate hasta la negociación de los próximos Presupuestos, cuya aprobación no está nada clara. Se están produciendo negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos y, lo más importante, el Ministerio de Hacienda, responsable de la política fiscal, está echando números. La situación de economía de guerra se complica cada semana y obliga al Gobierno a moverse.
La coalición trabaja en dos vías para subir los impuestos a las "grandes energéticas", según explican fuentes gubernamentales a La Información. El concepto no es casual. Es decir, dentro del sector de "grandes energéticas" se incluyen las eléctricas, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, entre otras; así como las compañías de hidrocarburos, como Repsol o Cepsa. Se está estudiando el encaje legal ante una decisión que será interpretada por los diferentes actores del sector como una declaración de guerra.
La opción más rápida, explican las fuentes consultadas por este medio, sería subir el Impuesto de Sociedades de estas compañías a través de un real decreto-ley. Es decir, una norma de aplicación inmediata que, un mes más tarde, no tendría, en teoría, demasiados problemas para ser convalidada en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo contaría con los apoyos necesarios para aprobar una medida que apoyan Bruselas y la OCDE -ambos organismos han planteado la necesidad de que los países adopten medidas para compensar los beneficios extraordinarios que están obteniendo estas compañías- y que ya se ha desplegada en países como Reino Unido e Italia.
Específicamente sobre el recargo en Sociedades, otras fuentes del Gobierno apuntan que la cifra que se está contemplando internamente sería de tres puntos adicionales respecto a lo que ya pagan estas grandes empresas. Es decir, las eléctricas y compañías de hidrocarburos tendrían que abonar un recargo a las arcas públicas en esa proporción, lo que elevaría la recaudación significativamente. El objetivo es, como se ha venido detallando en estas páginas, financiar con este ingreso extra otras medidas como el abono transporte reducido, que continúa en discusión en el Ejecutivo de coalición.
El planteamiento a estudiar, en todo caso, pasa por que lo que se ponga en marcha sea una "contribución temporal" de las eléctricas y las grandes petroleras. Un "recargo sobre sus beneficios" durante el próximo año, a la espera de que los precios puedan contenerse, añaden las fuentes gubernamentales consultadas. Hay que recordar que Unidas Podemos ya propuso al comienzo del año elevar la contribución de estas empresas en el impuesto de sociedades para compensar el encarecimiento de la factura de la luz. Entonces plantearon un incremento de hasta 10 puntos, pero ahora se está reevaluando ese recargo en la negociación con el PSOE.
Segunda vía: un nuevo impuesto
La segunda vía que está estudiando el Gobierno sería crear un nuevo impuesto, lo que también plantea sus contras. Esencialmente, porque se alargaría el trámite varios meses. La Constitución recoge que las nuevas figuras fiscales deben ser reguladas con una ley propia, al margen de los Presupuestos Generales del Estado. Sí se podrían utilizar las cuentas públicas anuales para subir o bajar los impuestos ya existentes, según explican fuentes de ámbito técnico que recuerdan que desde que comenzó la pandemia, el Gobierno ha aprobado cuatro reales decretos-ley para modificar el Impuestos de Sociedades, incluyendo subidas y bajadas en los tipos efectivos de esta figura fiscal ahora en discusión parcial. Precedentes para cambiar Sociedades, por tanto, hay y son recientes.
Desde el departamento que dirige María Jesús Montero confirman ahora que en estos momentos los técnicos están estudiando a través de qué mecanismo se puede lograr que estas empresas aporten más a las arcas públicas, más allá de la posibilidad de crear un impuesto específico a las eléctricas, una opción que, insisten, de acuerdo con el marco legislativo vigente sería inviable a través de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas públicas cuya aprobación, en todo caso, también está en duda a estas alturas del ejercicio.
En este sentido, desde Hacienda explican que se está valorando tanto la citada posibilidad de introducir un recargo en el Impuesto de Sociedades, que es lo que está reclamando Yolanda Díaz desde el flanco de Unidas Podemos, como otro tipo de medida que cumpla con el objetivo en condiciones de seguridad jurídica. "Hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado", insistía este miércoles la ministra de Hacienda. También confirman que la solución podría llegar antes de los Presupuestos de 2023, que deben aprobarse en el Congreso en el último trimestre del año. "Veremos si hay margen, porque no es sencillo", afirman desde el Ministerio. En todo caso, lo que empieza a tomar forma en las negociaciones es la vía de un recargo temporal más que la aprobación de un impuesto específico permanente.
Con todo, fuentes gubernamentales matizan que "no es necesario" que el cambio normativo se produzca en el Impuesto de Sociedades, que es una de las ideas que se están negociando en el seno del Gobierno estos días, sino que existirían otras posibilidades para arrancar una mayor aportación al erario público de estas compañías que están obteniendo beneficios extraordinarios ante una escalada de la factura de la luz que, de momento, el tope al gas que ha introducido la excepción ibérica no está siendo capaz de frenar.
No hay ya discrepancias, por tanto, entre las dos formaciones que componen el Gobierno de coalición sobre la necesidad de incrementar la fiscalidad al sector energético. Pero el PSOE y Unidas Podemos no coinciden en el cuándo. Díaz aboga por introducir el recargo en la prórroga del decreto anticrisis, mientras Montero se encomienda a los PGE, aunque fuentes de su departamento sí reconocen que existe la opción de adelantar la medida. Ahora están centrados en negociar el cómo y el cuánto y de la fórmula pactada dependerá finalmente el calendario.
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