El Gobierno auditará la actividad legislativa del Parlament de Cataluña para evitar que se aprueben iniciativas, resoluciones o declaraciones institucionales contrarias al orden Constitucional y garantizar así que el principal órgano representativo de los ciudadanos de Cataluña "ejerza la función representativa que tienen encomendada con pleno respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña".
Ésta es una de las medidas que ha activado el Gobierno, con el respaldo mayoritario del Senado, en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El paquete de medidas, que entró en vigor a eso de las seis y media de la tarde de este viernes, coincidiendo con su publicación en el BOE, autoriza al Gobierno como ya se preveía a cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, al vicepresidente y a los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat y a sustituirlos por los órganos o autoridades que el Gobierno de la Nación considere oportuno designar al efecto. La facultad para disolver el Parlament y convocar elecciones que legalmente corresponde al presidente de la Generalitat recae desde ayer por la tarde en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El formato de aplicación del artículo 155 aprobado por el Senado prevé acciones en cinco niveles: medidas dirigidas al presidente de la Generalitat, al vicepresidente y al Consejo de Gobierno, medidas dirigidas a la Administración de la Generalitt, medida singulares sobre determinados ámbitos de la actividad administrativa, medidas dirigidas al Parlament de Cataluña y medidas transversales.
Un Parlament bajo control
El Parlament de Cataluña queda bajo supervisión. Prosigue con la función representativa que tiene encomendada, pero el Gobierno del Estado garantizará que lo haga dentro del marco constitucional. Para ello, además de auditar y acreditar que las iniciativas que salgan del mismo para acreditar que no son contrarias a la ley, suspenderá la facultad de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para proponer un candidato a la Presidencia de la Generalitat, también retirará su facultad para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas por el Senado para garantizar su cumplimiento, ya que recaerá en el órgano que el propio Senado designe al efecto.
El Gobierno tomará también el control de la política de seguridad y orden público. Esto implica, por ejemplo, que sus representantes podrán dictar instrucciones directas que serán de obligado cumplimiento para los Mossos d'Esquadra e incluso, en el caso que sea necesario, podrán dictar el relevo en sus funciones de los efectivos de la policía autonómica para encomendar la ejecución de las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El control se extenderá a las telecomunicaciones, los servicios digitales y la inteligencia. El Gobierno asumirá atribuciones con mando en plaza sobre el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña, el controvertido Cesicat, que funciona "en la práctica" como un 'CNI catalán' y lleva a cabo actividades irregulares como el control las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Supervisión del sector empresarial de la Generalitat
La aplicación del artículo 155 da, asimismo, una nueva vuelta de tuerca a las medidas de control financiero adoptadas en su día por el Ministerio de Hacienda. La supervisión estatal se extenderá a todo el perímetro de entidades, organismos autónomos y empresas dependientes de la Generalitat, cuyos fondos serán revisados para garantizar de nuevo que no se utilicen para cuestiones que excedan el ámbito competencial de la comunidad autónoma y, singularmente, al denominado procés.
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