Madrid, 12 abr.- Ocho sirios que fueron detenidos en un barco con 12 toneladas de hachís en aguas internacionales han sido puestos hoy en libertad en España, en aplicación de la reforma que limita la justicia universal en el país.
Estos sirios se suman a los otros ocho narcos egipcios que el martes fueron excarcelados por el mismo motivo.
El juez de la Audiencia Nacional española Javier Gómez Bermúdez decretó el archivo de esta causa por considerar que con la reciente limitación de la aplicación de la justicia universal en España los tribunales del país no tienen competencia para juzgar a estos presuntos narcotraficantes, que fueron detenidos el 17 de marzo.
"El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante", afirmó Gómez Bermúdez en el auto que dictaba la libertad de los detenidos.
Estos hechos solo podrían juzgarse en virtud del principio de la jurisdicción universal, puesto que las doce toneladas de hachís fueron incautadas en un buque que navegaba frente a costas del sur de España pero ya en aguas internacionales, con bandera de Sierra Leona y tripulado por ocho personas de nacionalidad siria.
Antes de la reforma un juez español era competente para investigar el caso, ahora solo lo sería cuando se tratara de un barco con bandera española, el procedimiento se dirigiera contra un español o el grupo criminal fuera a cometer el delito en España.
Gómez Bermúdez afirmó que en este caso no consta "la intervención de ningún español en los hechos ni que la droga fuese destinada a España".
En este sentido, Gómez Bermúdez coincidió con los argumentos del juez Fernando Andreu, que dejó en libertad el pasado martes a ocho ciudadanos egipcios detenidos tras ser interceptados en un barco pesquero con 9,8 toneladas de hachís cuando navegaban en aguas internacionales cerca de Almería (sur), un caso, a juicio de Gómez Bermúdez, "prácticamente idéntico" al que ahora se plantea.
En opinión de este magistrado, no puede aplicarse, como pretende la Fiscalía española, el artículo 17 de la Convención de Viena contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que establece la necesaria cooperación entre los estados signatarios para eliminar el tráfico ilícito por mar.
El juez estimó que la convención no determina cuándo los Estados son competentes para investigar este tipo de hechos.
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