Oficiales del ejército denuncian que a éste no llega el estado de derecho

El presidente del Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas (Ciofas), Ignacio San Julián, denunció hoy que las Fuerzas Armadas son "una habitación oscura donde no llega el Estado de Derecho".
Fue la frase más llamativa que se oyó en la segunda jornada de comparecencias de representantes del ejército y otros expertos en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de cara a la elaboración de la próxima ley de derechos y deberes de los militares.
Varios de ellos quisieron poner el acento en los derechos, siempre que sean distintos de los que ya recoge la Constitución; según recordaron, los deberes ya están estipulados en los códigos y reglamentos castrenses.
Otra de las posiciones más generalizadas entre los comparecientes fue el escepticismo hacia dos de los organismos que prevé el anteproyecto de ley, el Consejo del Personal Militar y el Observatorio de la Vida Militar. La mayoría opinaron que la cadena de mando o la propia Comisión de Defensa podían ejercer perfectamente las funciones de supervisión que se les atribuyen.
Entre los ponentes, San Julián interpretó que la "base preconstitucional" de las Ordenanzas de 1978 continúan hasta hoy, incluida la próxima ley, redactada, según dijo, por el secretario que redactó aquéllas. Para el dirigente de Ciofas, los militares son unos "ciudadanos que nunca han existido en la España constitucional", y "se han visto obligados a aceptar lo que hay".
Pese a la "diarrea legislativa" con la que San Julián estima que el Gobierno quiere regular el ejército "por la vía de la excepción", escamoteando derechos de expresión, reunión, libertad sindical y garantías procesales, este oficial advirtió al Ejecutivo de que "la critica al sistema es imparable" porque Internet existe y ya "no se pueden poner puertas al campo".
"MIEDO AL ASOCIACIONISMO"
Sólo un grado menos de crítica exhibió el presidente de la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, (Asfas), Pedro Amador, quien acusó al Ministerio de Defensa de tener "miedo al asociacionismo" en el ejército, y exigió que las asociaciones militares tengan carácter reivindicativo y que sus representantes se elijan democráticamente. No llegó a pedir la sindicación, que no le parece "idónea" aunque sería la forma "más efectiva".
La posición contraria a la reivindicación de derechos asociativos la encarnaron el presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME), coronel Leopoldo Muñoz, y el general Eduardo González-Gallarza, presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas. Ambos mostraron su aversión a las manifestaciones de uniformados, lo que recibió el acuerdo de los portavoces del PSOE y el PP en la Comisión.
Por su parte, el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Jesús Ignacio Martínez Paricio, especializado en el ejército, sorprendió con su propuesta de un "Controlador General" para evitar el recurso al Defensor del Pueblo por parte de los militares. Subrayó que dicha figura existe en otros países y es un militar de prestigio, designado por el presidente del Gobierno y a quien nadie le puede rehusar ayuda en la investigación.
El asesor jurídico de la Asociación de Militares en Activo y Reserva/retirados de los Tres Ejércitos (Amarte), Jesús Navarro Jiménez, puso el acento en defender las reivindicaciones de derechos y lamentó que la nueva ley desperdicie la oportunidad de limitar en lo posible los arrestos no decididos por un juez. También denunció que no aclare si se han de suprimir los tribunales de honor.
La sesión la cerró, con una perspectiva muy distinta a la de los comparecientes militares, Tomás Gisbert, del Centro de Estudios Justicia y Paz, quien dijo que los ejércitos generan muchas "violencias paralelas" en su seno. A este respecto, y a diferencia de sus predecesores, si puso su confianza en el Observatorio de la Vida Militar, siempre que se le permita entrar libremente en los cuarteles y sea bien dotado presupuestariamente.