Rabat, 30 ene.- Varias asociaciones defensoras de los derechos humanos pidieron hoy un juicio justo para Mamadou Diarra, de nacionalidad senegalesa, que será juzgado por el Tribunal Militar de Rabat tras ser acusado de lanzar supuestamente una piedra mortal a un militar marroquí en la frontera con Melilla.
A través de un comunicado firmado por el Grupo de Acompañamiento y Defensa de Extranjeros en Marruecos (GADEM) y la Asociación marroquí Adala (Justicia), entre otros muchos, los militantes piden que se ponga de "forma inmediata" en libertad condicional a Diarra, que será juzgado el próximo tres de febrero y que se encuentra desde hace año y medio en la prisión de Salé, cerca a Rabat.
El suceso por el que se le acusa ocurrió en julio de 2012, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes falleció tras resultar herido supuestamente por emigrantes subsaharianos a los que trataba de impedir el paso a Melilla.
Según el comunicado publicado por las asociaciones, como represalia a la muerte del militar varios cientos de personas -mujeres embarazadas, niños y heridos- fueron arrestadas y expulsadas a las frontera con Argelia.
Las asociaciones recuerdan que juzgar a un civil ante un tribunal militar es contrario al derecho internacional, así como a la Constitución marroquí.
El propio rey Mohamed VI se felicitó en marzo de 2013 de la propuesta realizada por el oficial Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que recomendó que las cortes militares solo juzguen infracciones relacionadas a la disciplina militar, o casos de militares que atentan contra la seguridad del Estado o implicados en delitos terroristas.
Un gesto que fue alabado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando se reunió con Mohamed VI en noviembre de 2013 en Washington, y el mandatario estadounidense celebró el compromiso del monarca para "detener la práctica de los juicios militares a civiles" en Marruecos.
En la actualidad, los tribunales militares pueden juzgar a civiles cuando éstos han cometido cualquier delito contra un militar o un agente del orden en general, cuestión que ha sido muy criticada por organismos pro derechos humanos dentro y fuera del país.
Los firmantes del comunicado consideran que esta recomendación del CNDH debe traducirse en la suspensión de la ley en vigor hasta que se lleve a cabo la reforma de la Justicia militar, conforme a las recomendaciones de la CNDH.
Un grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que visitó recientemente Marruecos, también destacó "la amplia competencia otorgada al tribunal militar que puede juzgar a civiles en ciertas circunstancias" y subrayó que "debería limitarse únicamente a juzgar a los militares y los delitos exclusivamente militares".
El próximo tres de febrero, día del juicio de Diarra, se ha convocado una sentada frente al Tribunal Militar de Rabat para exigir que se ponga fin a este tipo de procesos.
En febrero del año pasado 25 saharauis fueron juzgados por el Tribunal Militar de Rabat -uno de ellos en ausencia- y condenados, en 23 de los casos, a duras penas de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua, por su implicación en la muerte de once agentes del orden en noviembre de 2011 en el Sahara Occidental.
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