El País Vasco y Cataluña son las dos comunidades autónomas que primero se están planteando la necesidad de recortar derechos fundamentales en sus territorios, como la libertad de movimientos, los confinamientos o el cese de ciertas actividades económicas, para frenar la escalada en los datos de contagios de coronavirus que están sufriendo. En el caso de los vascos, su boletín oficial ha publicado esta mañana las tres normas que marcan el nuevo estado de emergencia, y desde su Ejecutivo no se descarta establecer horarios de control de la movilidad. Esa iniciativa ha sido secundada por el director de Salud Pública de Cataluña, Josep María Argimon, que este mismo lunes advertía de la necesidad de tomar medidas que supongan pérdida de derechos y libertades para frenar al virus en su autonomía.
El Gobierno Vasco ya advirtió la semana pasada que la proliferación de más de 4.000 personas en su territorio que son posibles contagiadores del virus puede provocar un “tsunami” sanitario y un colapso de sus hospitales a medio plazo. Con la idea de tomar las medidas drásticas que sean necesarias cuanto antes y no lamentar una situación insostenible en apenas un mes (cuando coincide la vuelta a los colegios), las autoridades vascas han aprovechado su legislación propia en materia de emergencias para tomar el “mando único” de la situación y, si es necesario limitar o condicionar el uso de servicios públicos y privados, o el consumo de bienes y servicios.
Desde el Ejecutivo de Vitoria se descarta por ahora poner en marcha un confinamiento general de la población como el que hubo con el estado de alarma a nivel nacional, pero no descartan hacerlo en zonas concretas más azotadas por el virus, como algunas comarcas de Vizcaya o de Álava. Para ello, cuentan con una ley propia de Gestión de Emergencias que lo avala y que da cobertura, además, a el Plan de Protección Civil de Euskadi.
En el caso catalán, la situación legal es distinta porque no cuentan con una ley marco que avale que puedan tener un mando único, pero sus responsables ya han confinado municipios y limitado actividades en otros momentos de la pandemia y, según asegura que secretario general de Salud Pública, están dispuestos a volver a hacerlo. En cualquier caso, este tipo de decisiones en el caso catalán deberá tener el visto bueno del Gobierno central (Ministerio de Sanidad) para contar con toda la validez legal y evitar una avalancha de posibles recursos.
Desarrollo dispar y miedo a septiembre
Las medidas a tomar en ambas comunidades podrían ir incluso más allá de las once que anunció Sanidad para toda España la semana pasada y que suponen el cierre del ocio nocturno, las limitaciones en la hostelería, las PCR masivas por barrios y, sobre todo, el control de la actividad de las residencias, que son uno de los focos que más preocupan y que vuelven a estar expuestos al virus. Desde el Ejecutivo central no se ha querido hablar hasta ahora de una segunda ola del virus generalizada, por entender que aunque haya muchos brotes (más de 1.180 en dos meses y 837 aún vivos), no hay un contagio generalizado de origen comunitario (sin controlar). Se recuerda, además, que el control de la gestión y la sanidad de las residencias en competencia de las CCAA, por más que en plena pandemia hubiera que tomar medidas drástica a la vista de que la letalidad se había cebado en ese tipo de centros.
En el País Vasco se ha llegado este lunes a un récord de 610 contagios nuevos y en Cataluña se llega a más de 1.200 en 24 horas, algo que, aunque sea con una situación diferente a la que había en marzo y abril, indica que el virus está llegando sin controlar a muchos sitios donde no se esperaba y su efecto puede dispararse en cualquier momento. Además, tanto vascos como catalanes no quieren que un confinamiento general llegue a paralizar de nuevo la actividad económica. En el caso de la Generalitat, la situación se une a las críticas que han lanzado contra Torra desde el Ayuntamiento de Barcelona (la ciudad más azotada) y algunos estamentos sociales y empresariales por haber realizado una gestión tardía e insuficiente de la situación tras el estado de alarma, sobre todo por la falta de rastreadores para descubrir nuevos casos cada vez que surja un rebrote.
A nivel nacional, la situación más preocupante sigue estando en Aragón y en la Comunidad de Madrid. Mientras en el primer caso se vislumbra un principio de control de los contagios, sobre todo en el ámbito laboral, en el caso de la capital se han multiplicado por tres los ingresos en hospitales en las últimas semanas, bajo una avalancha de críticas a la gestión de Isabel Díaz-Ayuso, por la escasa dotación de la atención primaria, la falta de rastreadores de nuevos brotes y el retraso con el que se están haciendo las pruebas PCR. En Madrid se teme la vuelta de vacaciones y la apertura de los colegios del mes de septiembre. Hay que tener en cuenta que, según los datos de los expertos de Sanidad, más de un tercio de los contagios se produce a partir de reuniones sociales sin medidas de control, y eso en lugares de alta concentración de la población, como Madrid, es una bomba de relojería.
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