Parlamento andaluz acuerda recurrir ante el Constitucional la reforma local

  • El pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado hoy, con los votos del PSOE e IU, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Sevilla, 26 feb.- El pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado hoy, con los votos del PSOE e IU, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La decisión, adoptada en una sesión plenaria convocada específicamente para este debate, se produce un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordara también recurrir la reforma local.

Durante el debate, el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, ha calificado de "nefasta" la ley y ha dicho que supone "uno de los mayores ataques perpetrados a la democracia".

"La ley es manifiestamente escandalosa y obscenamente inconstitucional porque va contra el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, a las que expropia, por ejemplo, el urbanismo", ha denunciado Jiménez, que ha alertado de que se "pone en peligro" la prestación de servicios esenciales.

Tras resaltar el "papel crucial" desempeñado por los ayuntamientos en el impulso de la autonomía andaluza, el dirigente socialista ha argumentado que el Parlamento, con este recurso, salda una "deuda" con los ayuntamientos.

"La reforma significa un triple ataque: a los ayuntamientos, al Estatuto de Autonomía y a la Constitución", ha insistido el portavoz socialista, que ha acusado al Gobierno central de pretender "barrer de un plumazo" los logros de 34 años de autonomía local.

Ha advertido, además, de que la reforma local "abre la puerta" a la pérdida de más de 20.000 empleos públicos en Andalucía y a la "desigualdad para quienes no tienen la suerte de ser hijos de la gran extirpe", tras lo que ha vaticinado que "al exilio de los jóvenes en el extranjero podría sumarse el éxodo de los pequeños municipios a las grandes ciudades".

El portavoz de IU, José Antonio Castro, que ha dicho que los ministros de Hacienda y Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente, se han convertido en los más "aventajados" de la "política de austericidio", ha criticado el "cambio total" de modelo "vulnerando el principio de la autonomía local", y ha recriminado que la ley "ignore" las competencias autonómicas.

Castro ha acusado al PP de pretender "ahogar la voz del municipio rural", al establecer "mecanismos de tutela" que sitúan a las entidades locales en una posición de "subordinación".

"El Gobierno central pretende más tutelaje, más centralismo y menos democracia controlando a los pequeños municipios a través de las diputaciones, a las que no es casualidad que le otorgue, otra vez", el papel de tutelaje", ha denunciado.

A juicio de IU, la "clave" de esta ley es la "discrecionalidad más absoluta", pues se pretenden "privatizar" servicios y entes instrumentales favoreciendo la iniciativa privada.

"Cuántas barbaridades y falsedades, qué intervenciones más desfasadas", ha replicado el portavoz del PP, Antonio Sanz, que ha ironizado sobre el papel del portavoz socialista, de quien ha dicho: "Sé que su grupo anda buscando donde ubicarle y ya sé dónde encaja, le veo a usted en el Tribunal Constitucional".

Sanz ha bromeado sobre el "nivel" jurídico del portavoz socialista tras recordarle que ha habido 39 borradores de la ley, de forma que muchas de sus aseveraciones "no se sostienen" porque tras el trámite de enmiendas en el Senado ya no figuran en la ley.

"Ha dicho que 3.500 entidades locales menores van a desaparecer, lo que es radicalmente falso", ha remachado Sanz, que ha recalcado que también se ha suprimido de la ley la "capacidad de intervención" en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

"Lamento darle esta mala noticia para su campaña, pero la ley ya no restringe las competencias de los municipios", ha aseverado el portavoz del PP, que ha subrayado que el texto normativo ya no recoge que las diputaciones asumen el control de las competencias de los municipios menores, sino que los que quieran, de forma voluntaria, pueden pedir su asistencia y cooperación.

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