Asunción, 11 ago.- Amnistía Internacional y la ONG Tierraviva pidieron hoy al Estado paraguayo que cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigen la devolución de tierras a los pueblos indígenas.
El presidente de la sección paraguaya de Amnistía Internacional, Fabián Forestieri, dijo que todos los poderes del Estado deben velar para que se cumplan las tres sentencias establecidas por la CorteIDH en materia de derechos territoriales de los pueblos originarios.
"La pobreza y la discriminación siguen siendo ejes de preocupación ante la ausencia en muchos casos de voluntad y acción de políticas públicas al respecto", declaró Forestieri en una rueda de prensa organizada con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto.
Oscar Ayala, abogado y veterano defensor de los derechos humanos, miembro de la ONG Tierraviva, pidió a la Corte Suprema de Justicia que rechace el pedido de inconstitucionalidad presentado por un terrateniente ganadero que pretende impedir que el Estado le expropie una pequeña parte de sus tierras en favor de unos nativos.
Heribert Roedel, un empresario alemán establecido en Paraguay tras ser procesado en su país natal por una estafa en un esquema fraudulento de compra y venta de tierras, recurrió la ley de expropiación aprobada recientemente por el Congreso y por el presidente paraguayo, Horacio Cartes.
Cartes firmó el pasado 11 de junio la ley que manda expropiar 14.404 hectáreas de terreno en favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, nativos del Chaco paraguayo pertenecientes a la etnia enxet.
Los casi 500 miembros de la comunidad Sawhoyamaxa han pasado más de 23 años apartados de su territorio ancestral, malviviendo al borde de una carretera, a pesar de que la Constitución de 1992 les garantiza el derecho a seguir viviendo en las tierras milenarias de sus antepasados.
Hasta ahora es la mayor expropiación en favor de una comunidad indígena de la historia democrática del país, según Tierraviva, que llevó el caso Shawhoyamaxa a la CorteIDH.
El tribunal sentenció en 2006 que antes de tres años el Estado paraguayo debía restituir esas tierras, en manos de Roedel.
La ley de expropiación contó con el beneplácito del entonces embajador alemán en Asunción, Claude Robert Ellner, quien dijo que Roedel "tenia serios inconvenientes con la Justicia alemana" y que su Gobierno "vería con muy buenos ojos que se intervenga", según explicó a Efe el expresidente paraguayo Federico Franco el pasado mes de junio.
Ayala recordó que otras dos comunidades siguen sin poder disfrutar de las tierras que les corresponden porque en un caso el Estado aún no ha realizado el camino que le exigía la sentencia internacional y en el otro aún no ha terminado de negociar con el actual propietario del terreno.
Del total de 116.000 personas nativas censadas este año, un 76 % vive en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI).
"La lucha por la vida digna de las comunidades indígenas en toda América, sigue en pie, a pesar del sufrimiento de la injusticia sistemática y de la violencia e intimidación que muchas de estas comunidades sufren en sus reivindicaciones legítimas", destacó Forestieri.
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