Piden al Estado español más compromiso con víctimas de la guerra y franquismo

Madrid, 30 sep.- El Estado español "debe asumir un rol de liderazgo y comprometerse de manera más activa" a atender a familiares de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, afirmó hoy un grupo de expertos de la ONU, que consideró "lamentable" que esos delitos sigan impunes.

Tras una visita de siete días a España, el grupo de expertos de la ONU, dirigidos por Jasminka Dzumhur (de Bosnia Herzegovina) y el argentino Ariel Dulitzky, difundieron hoy en Madrid sus conclusiones preliminares con una serie de recomendaciones al Gobierno español, a la espera de conocer su opinión al respecto y publicar el informe definitivo en 2014.

Más de 114.000 personas desaparecieron de forma forzada durante la Guerra Civil española y la posterior etapa del franquismo, según cifras del Juzgado de Instrucción Penal número 5 a las que se refiere el grupo de expertos de la ONU, que también hace alusión a 30.960 niños secuestrados o robados.

En una conferencia de prensa en Madrid, Dzumhur y Dulitzky elogiaron la cooperación y ayuda de las autoridades españolas, así como las de las regiones de Cataluña, Andalucía y el País Vasco, que visitaron en su misión, en la que se entrevistaron con centenares de familiares de desaparecidos y fueron a lugares como el Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador Francisco Franco.

El llamado Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) lamentó que no haya "ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada", lo que atribuyen a "una combinación de diversos factores", entre los que Dulitzky destacó la "interpretación" de la Ley de Amnistía de 1977.

"Dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas", señalan los expertos de la ONU en su informe preliminar.

A ese respecto, consideran "imprescindible" la creación de una entidad estatal, "con pleno apoyo institucional, encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas", incluyendo una base de datos.

Los expertos piden que el Estado español levante las recientes "restricciones" y vuelva a la aplicación de la "jurisdicción universal".

Preguntado sobre la investigación abierta por la juez argentina María Servini de Cubría sobre crímenes del franquismo y contra cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad españolas, Dulitzky dijo que el Estado español "debe cooperar" con las autoridades de países como Argentina, "tiene el deber de juzgar o extraditar", señaló.

Los expertos de la ONU indicaron que las autoridades españolas les explicaron que se trabaja en la elaboración de un "plan nacional de derechos humanos", en el que esperan que se incorporen las desapariciones forzadas, así como su inclusión en el Código Penal y reclaman que se vuelva a incluir en el presupuesto del Estado una partida para estos casos.

El Grupo de la ONU consideró de fundamental importancia que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad e hizo un llamamiento a la judicatura a "realizar un uso consistente" de los instrumentos internacionales.

Destacó asimismo que desde el retorno de la democracia en España "se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil y la dictadura" gracias a iniciativas que en muchos casos han sido impulsadas exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil.

La desaparición forzada de una persona es un "delito continuado" hasta que es esclarecido el caso, según el experto argentino, quien subrayó que la Ley de Amnistía "no puede servir de barrera para la investigación de graves violaciones de derechos humanos".

No se trata de derogar la Ley de Amnistía sino de despojarla de efecto jurídico, puntualizó Dulitzky.

Al ser preguntado por el caso del exjuez español Baltasar Garzón, quien fue acusado de prevaricación por querer investigar las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo, el experto argentino consideró que "tuvo un efecto contrario para el desarrollo debido de las investigaciones judiciales".

El experto denunció que en muchos casos de exhumaciones de fosas comunes el juez no se persona, por lo que el acto carece de reconocimiento judicial.