Martes, 16.07.2019 - 23:07 h
Impuestos atrasados

Piqué pierde contra Hacienda y pagará 2,1 millones por sus derechos de imagen

La Audiencia Nacional desestima el recurso que presentó el futbolista por simular la venta de sus derechos de imagen por apenas 3.000 euros.

Gerard Piqué
Gerard Piqué es condenado a pagar 2,1 millones a Hacienda. / EFE

Nuevo varapalo judicial a un futbolista. En esta ocasión, la Audiencia Nacional confirma la sentencia contra Gerard Piqué por simular un contrato de derechos de imagen con una empresa de la que el futbolista es accionista mayoritario. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo obliga al jugador del FC Barcelona a pagar a Hacienda la cantidad de 2,1 millones de euros en concepto de impuestos atrasados correspondientes a los ejercicios de los años 2008, 2009 y 2010.

La Inspección concluyó que Piqué había simulado a través de una sociedad (Kerard Project 2006) el traspaso de sus derechos de imagen con el objeto de pagar menos impuestos en junio de 2006, argumentando, en primer lugar, que los había vendido a esa mercantil con la que tenía vinculación por "un precio totalmente irrisorio y fuera de la realidad", 3.000 euros, cuyo pago ni siquiera se había acreditado.

La sentencia, fechada el 13 de mayo, desestima así el recurso que había interpuesto Piqué contra esa resolución previa que le ordenaba regularizar el IRPF de esos tres ejercicios a partir de cuatro negocios concretos por importe de 1.457.855,61 euros, procedimiento del que derivó una sanción económica de 678.012,59 euros más en junio de 2013.

Añadía además que después de ese traspaso, el deportista siguió firmando contratos que incluían la cesión de esos mismos derechos que en teoría pertenecían ya a la mercantil, que presentó declaraciones tributarias en el Reino Unido en las que declaraba ingresos por derechos de esponsorización y que en todo caso, Kerad Project no declaró el activo inmaterial en su balance hasta 2008 y el acuerdo carecía de efecto ante terceros.

La Audiencia Nacional recuerda que ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló en mayo de 2018 ante un recurso de Kerad Project que el contrato con Piqué era "nulo" y por tanto se debía excluir la base imponible del impuesto de sociedades de los rendimientos derivados de la explotación de los derechos de autor como rendimientos de la sociedad, así como de los gastos asociados a dicha explotación.

"La Sala asume la decisión del Tribunal Superior de Justicia como propia, con la consecuencia de desestimar la impugnación de esta parte de la regularización y considerar que los rendimientos derivados de la explotación de tales derechos de imagen constituyen rendimientos del capital mobiliario imputables al demandante", dice la Sección Cuarta.

Hace así suyos los razonamientos jurídicos del TSJ catalán, que daba por probado que en ese traspaso de derechos de imagen a Kerard Project decía se había dado una "simulación orquestada en el sentido de que la obligada tributaria recurrente aparenta realizar con el contrato datado el 23 de junio de 2006 un negocio jurídico en realidad inexistente, sin causa real, con el fin de impedir a la Administración tributaria el conocimiento de la realidad jurídica y el hecho imponible realmente realizado".

La sentencia analiza cada una de las regularizaciones objeto de sanción, incluida la relativa a la relación entre Kerard Project, Internacional Managemnet Group (IMG) y el Fútbol Club Barcelona. Según expone los acuerdos firmados entre el Barça e IMG el 16 de mayo de 2008 y el 26 de febrero de 2010, "son contratos simulados absolutamente que instrumentan el pago de las comisiones que Gerard Piqué Bernabeu había de pagar a IMG en calidad de representante del jugador".

"La única conclusión que se deriva de los datos señalados es que el pago de las comisiones a IMG se efectuó por el FCB por cuenta de Gerard Piqué Bernabeu y que ello se instrumentó a través de un contrato entre el FC Barcelona e IMG simulado absolutamente al carecer de causa", expone el fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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