El 22 de marzo, fecha de las elecciones andaluzas, servirá de termómetro para medir el músculo real de los distintos partidos políticos de cara a un calendario electoral intenso y ensayar también las posibles alianzas. Es, en cambio, un escenario con una especial idiosincrasia y no el más favorable para Podemos, habida cuenta del especial arraigo de los partidos tradicionales. Según los sondeos hasta ahora conocidos, el PSOE ganaría los comicios-si bien necesitaría de pactos para poder gobernar-y el PP se situaría como principal fuerza de la oposición.
Podemos, en tercer lugar, calibra sus fuerzas con Ciudadanos, el otro partido emergente que, también a la vista de las encuestas, advierte con romper el tablero político venidero.
La formación de Pablo Iglesias trabaja en estos momentos en el programa electoral que presentará a los andaluces: un documento que sigue la línea de las grandes propuestas esbozadas por la dirección y que bien podría considerarse un adelanto del texto que, en paralelo, se elabora a nivel nacional.
El partido, encabezado en esta comunidad por Teresa Rodríguez, ha adelantado ya algunas de sus líneas programáticas. Un texto, titulado "30 propuestas para un programa del cambio en Andalucía", que deberá ahora ser validado por la militancia, siguiendo el esquema de funcionamiento aprobado en su día, y concretado con algunas nuevas aportaciones."Emergencia habitacional"
Dividido en cinco grandes bloques-recuperación de las instituciones, economía social, bienestar, cultura y conocimiento-el documento mantiene coherencia con el discurso de la dirección e integra algunas de sus propuestas de base.
El apartado dedicado a la vivienda es al que se concede especial protagonismo. Así, se propone declarar la situación de "emergencia habitacional" en Andalucía, de forma que se garantice por ley el derecho a una vivienda y una moratoria de seis meses para los desahucios. El suministro de servicios básicos estará garantizado por ley, objetivo, afirman, para el que priorizarán todos los recursos de la Junta de Andalucía.
Entre otras medidas, proponen la creación de un "servicio público habitacional" de Andalucía, que garantice el derecho efectivo a la vivienda, "impulsando y mejorando el patrimonio público de viviendas" y "cesando la privatización de vivienda y suelos públicos". En paralelo, se impulsará "el alquiler y el derecho al uso de las viviendas vacías de las administraciones y entidades financieras".
La"batalla" contra las empresas prestadoras de estos servicios es compartida con el discurso de Iglesias, quien en reiteradas ocasiones ha insistido en que, en caso de gobernar, una de sus primeras medidas sería fijar un "precio político" de la luz y la calefacción. Si las compañías no acceden, ha advertido también varias veces, se podría proceder a la nacionalización.
En esta línea, el programa andaluz amenaza también con"fuertes sanciones" para aquellas compañías, públicas o privadas de suministros, que contemplen "cláusulas abusivas o falta de transparencia" en la gestión de sus servicios. Prometen que se garantizará por ley un"mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, luz y gas".Economía basada en cooperativas
El segundo de sus ejes prioritarios pasa por una transformación del modelo productivo, con especial atención al régimen de cooperativas. Para poner en marcha estos proyectos, según se afirma en el texto, se podrá acordar la cesión de "suelo público en desuso".
El partido apenas profundiza en cambio en sus medidas para la creación de empleo, más allá del impuso a aquellas "políticas de emprendimiento socialmente responsables", que prioricen la creación de empleo joven, el fomento de una "cultura de emprendimiento con raíces identitarias andaluzas", la creación de viveros de empresas, o la puesta en valor de "edificios de propiedad pública para el desarrollo de nuevos sectores productivos".
Mención aparte se da al sector agrario, para el que proponen un "pacto de revitalización".Un pacto que, según el texto, apenas queda esbozado en la intención de potenciar el consumo de energías renovables y la reconversión de las explotaciones hacia sistemas sostenibles-critican que se vean muy afectadas por los elevados costes energéticos.
En cuanto a las polémicas ayudas delPER, ahora PFEA, no se aboga por su supresión, aunque sí por reconducirlas integrándolas "dentro de las estrategias territoriales de creación de empleo" en "proyectos productivos de puesta en valor de recursos infrautilizados en fincas públicas o privadas que no cumplan con la función social de la propiedad".Fomento de las denuncias anónimas en casos de corrupción
El programa dedica también un apartado a medidas destinadas a luchar contra la corrupción. Aquí, el partido liderado por Rodríguez propone una mayor dotación de recursos para los juzgados o la posibilidad de constituir Comisiones de investigación en Parlamento sin posibilidad de que ningún partido pueda hacer valer el veto.
Aparecen además dos figuras de nueva creación: una Unidad contra la corrupción que "facilite las acusaciones populares", compuesta por funcionarios "sin jefaturas políticas y con total independencia funcional de la Administración de la Junta" y una "oficina virtual del funcionario", un instrumento para fomentar que los funcionarios puedan denunciar las irregularidades "de forma anónima". También proponen reforzar la figura del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas.
En cuanto a sus medidas de Transparencia, se comprometen a establecer una "ley andaluza de lobbies"-grupos de presión- para regular las relaciones de estos con altos cargos y baremar su capacidad de influencia en la elaboración de normas. Para ello, las agendas de trabajo de los altos cartos serán públicas.
Además, proponen dotar de publicidad al patrimonio público andaluz y los gastos de alquiler, mediante una Auditoría del patrimonio inmobiliario andaluz,"para lograr una mejor reubicación y distribución más eficiente de todos los edificios públicos administrativos, iniciar la recuperación de aquellos cedidos en dudosa legalidad". Los contratos de arrendamiento de los inmuebles de la Junta serán revisados.
Como mecanismo de participación entre ciudadanos y representantes, articularán un portal en el que los poderes públicos se comprometen a dar respuesta "en plazo breve" a las consultas que estos les formulen. Los ciudadanos podrán, además, acceder a la información y datos de que dispone el Parlamento para elaborar sus leyes.Auditorías de subvenciones y contratos con empresas privadas
Las subvenciones y el gasto sanitario y educativo a empresas privadas serán objeto de auditorías. Como también, afirman, los planes de formación y empleo de la Junta de Andalucía, "con el objetivo de depurar responsabilidades, ofrecer transparencia y cambiar la dinámica de la resignación frente al problema del desempleo manteniendo las políticas que han funcionado y transformando en éxitos los anteriores fracasos", según se lee en el documento.
Con la defensa de una sanidad y una educación netamente públicas-en este último caso, se compromenten a incrementar el presupuesto al menos hasta alcanzar la media europea de inversión, en el 6'5% del PIB y a extender la escuela infantil desde los 0 años-desde Podemos andalucía proponen también la recuperación "de la memoria histórica andaluza desde la base" y de la Ley de Mecenazgo. La inversión en I+D+i, afirman, será incrementada paulatinamente, hasta lograr el objetivo del 3% europeo.
En el partido ahondan además en las críticas a la falta de pluralidad de los medios de comunicación, insistentes desde el "núcleo duro". Tanto es así, que se propone la creación de Servicios de Comunicación Comunitarios, "entes privados sin ánimo de lucro, para fortalecer el tercer sector de la comunicación, como garantía democrática de participación y pluralidad".
Para estos servicios establecerán "convocatorias públicas de ayudas" y la posibilidad de que les sea cedido espacio en los medios públicos.
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