Santander, 3 jul.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido hoy la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para salvaguardar "derechos fundamentales" y porque, a su juicio, esta norma "ya no admite más parches" y debe ser sustituida por un Código de este tiempo.
Bravo ha insistido en la necesidad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y del proceso penal en España en un encuentro sobre la instrucción en ese ámbito y el papel del fiscal, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
La portavoz del Consejo, que es fiscal de carrera, ha aclarado al inicio de su conferencia que ella ha formado parte del comité de expertos que ha elaborado una propuesta de reforma de la LECrim o Código Procesal Penal, que, según la previsión del Gobierno, podría estar aprobada para finales de año.
Bravo aboga por "un nuevo modelo" que tenga como prioridad la salvaguarda de los derechos fundamentales pues, según advierte, actualmente lo que prima el sistema es la búsqueda de la verdad material y el esclarecimiento de los hechos.
También recalca la necesidad de fortalecer el derecho de defensa y de "armar" un procedimiento que esté basado en la presunción de inocencia.
En opinión de esta ponente, el Ministerio Fiscal (que según el texto que maneja el Gobierno se haría cargo de la instrucción en lugar del juez) es una figura que está "diseñada" y "preparada" para asumir la función de dirigir la investigación.
Bravo ha aclarado que con el cambio no se trata de trasladar la instrucción del juez al fiscal, sino que se quiere lograr una actuación tendente a la búsqueda de indicios para que las acusaciones puedan formular sus hipótesis.
Para ello, es necesaria una nueva norma penal, para cuya aprobación Bravo demanda un "pacto de Estado que permita a los jueces trabajar con mayor eficacia y celeridad", en un proceso "verdaderamente garantista".
La portavoz del CGPJ ha dicho que quienes trabajan en el ámbito de la Justicia ya no desean más reformas de la LECrim. "Entendemos que es necesario abordar el cambio", remacha.
A su entender, el sistema actual mantiene "notas inquisitivas" que han afectado "gravemente" a la configuración del proceso penal y a la imparcialidad que el juez debe tener en la investigación a la hora de adoptar decisiones, llegando incluso "a una degradación de determinados derechos constitucionales".
Bravo se ha referido además a la posibilidad que recoge las propuesta de los expertos sobre la reforma de la LECrim, de que los tribunales puedan actuar contra las filtraciones del contenido de un sumario.
Pero ha aclarado que no se trata de disposiciones generales, sino que habrá que ponderar los derechos de los imputados y el derecho a la información en cada supuesto.
De hecho, según ha manifestado, la paralización de las informaciones tendrá que tener un carácter "excepcional". "Toda filtración no puede dar lugar a esa medida, porque no siempre en la ponderación de los derechos va a prevalecer", ha apuntado Bravo.
Ha añadido que es una materia "complicada", pero ha destacado que la mayor parte de las legislaciones europeas son "más restrictivas" que la española al salvaguardar los derechos del imputado.
"No sé si finalmente el anteproyecto lo recogerá o no", ha agregado Bravo, que cree que no incorporar esta cuestión sería lamentable.
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