Una pequeña edificación puede resolver una disputa territorial histórica entre España y Portugal. A 165 kilómetros de las islas Canarias y 280 del archipiélago de Madeira se sitúan las islas Salvajes (Ilhas Selvhagens en portugués), un conjunto de islas de origen volcánico conocidas desde que los marineros europeos viajaban hacia las Canarias, pero que nunca se colonizaron por la falta de agua y vegetación. Para España, esta condición es suficiente para que no se les pueda reconocer como islas sino como islotes, una disputa que Portugal trata de contrarrestar habitándolas de forma permanente.
Las Salvajes eran meros trozos de tierra en mitad del mar bien conocidos por marineros de la zona hasta que en 1938, Portugal reconoció su soberanía sobre las islas aprovechando la imposibilidad de defenderse de una España sumida en la Guerra Civil. Esta soberanía no ha sido reconocida jurídicamente (de iure) por el gobierno Español, aunque sí lo hace en la práctica (de facto), al no haber reclamado el territorio. En 1881, el gobierno español quiso conseguir ese reconocimiento mediante la construcción de un faro para evitar naufragios, pero los portugueses lograron paralizar la obra.
La importancia de estas islas se resume en que el mundo del siglo XXI es muy distinto al de entonces y las reglas de juego también. Las reglas económicas mundiales permiten a los países gestionar y explotar las aguas alrededor de sus territorios. A las 12 millas de aguas territoriales que corresponden a cada estado se suman las reglas de las Zonas marítimas de Exclusividad Económica (ZEE), un concepto que otorga otras 200 millas alrededor de la costa para su posterior explotación económica en recursos como la pesca, minería, gas o petróleo.
La condición de habitabilidad de las islas es lo que las diferencia de ser considerados islotes y así formar parte de la Zona de Exclusividad Económica.
Tal es el valor de estas ZEE que España mantiene otra disputa abierta con Marruecos para evitar que ésta reconozca como suyo el territorio del monte submarino Tropic, considerado como una extensión submarina de las islas Canarias. Ambos países pugnan por un entorno bajo el mar lleno de metales pesados fundamentales para el desarrollo tecnológico, como son el telurio o el cobalto, pese a que todavía no existe la maquinaria necesaria para su extracción submarina. Rabat, mientras tanto, ha arrancado prospecciones submarinas para obtener gas en sus aguas territoriales.
Adelantándose a sus vecinos, el gobierno español presentó ante la ONU una ampliación de su plataforma continental y, al mismo tiempo, expandir su zona marítima de exclusividad, incluyendo en ésta tanto el monte Tropic como las Islas Salvajes, que podrían albergar gas natural. Una propuesta que, en caso de ser aprobada por el organismo internacional, podrían suponer una futura fuente de recursos energéticos muy importantes para España, todavía más si se tienen en cuenta los problemas energéticos europeos. Presentada en 2014, por el momento no tiene fecha de resolución.
A día de hoy, las Islas Salvajes son un área protegida medioambientalmente, gestionada por el Gobierno de Madeira y su actividad está limitada a visitas puntuales de científicos. Sin embargo, la construcción de este asentamiento -para el cual llegó a realizarse un concurso arquitectónico-, obedece al interés de Lisboa de que se reconozca a las Salvajes como islas y no como islotes, aunque para ello tenga que llevar todo tipo de suministros desde tierra, ya que no hay agua ni tierras cultivables. La necesidad de garantizar ese asentamiento se ha salvado por el gobierno portugués con la presencia permanente de una unidad militar en el archipiélago.
Para ampliar su protección jurídica, Portugal aprobó en noviembre de 2021 la conversión a Reserva Natural de este espacio considerado un santuario natural para aves. Se convirtió así en el área marina totalmente protegida más grande del Atlántico Norte y Europa con 2.677 kilómetros cuadrados. La decisión final de la ONU podría suponer la pérdida definitiva de miles de kilómetros de territorio marino tanto para Portugal como para España, que además puede ver afectado su dominio sobre la ZEE de las Canarias. En caso de que la decisión -que conlleva una importante trascendencia histórica- fuera favorable para España, tanto la economía nacional como los sectores implicados tendrían posibilidad de extraer un importante rendimiento económico, aunque para ello haya que esperar unas cuántas décadas.
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