El Partido Popular ha movido ficha en materia energética y propone al Gobierno una batería de medidas entre las que se incluye la creación de una tarifa fija para los ciudadanos más vulnerables, de forma que su pago mensual no dependa de las subidas del mercado, además de eliminar la prohibición que pesa sobre las empresas españolas para investigar, extraer y producir algunos de los minerales clave para el desarrollo energético e industrial, como el uranio o el litio. La intención del partido de Feijóo es lanzar tres proposiciones no de ley en el Congreso, con la idea de que la tarifa única a los vulnerables se gestione y decida por tramos a partir de los datos que manejan las comunidades autónomas.
El citado apoyo a una nueva tarifa social energética, la desaparición del IVA para la donación de alimentos y la apuesta por la investigación de materiales son los tres puntos en torno a los que se articula dicha propuesta energética. A este respecto, la primera inicitiva contempla un precio fijo que "ofrezca seguridad" a los consumidores más vulnerables para que tengan opción de saber cuánto va a costar sin tener que depender del 'pool' energético. Tal y como lo plantean, su idea pasa porque fueran las CCAA las que estipularan los tramos y los requisitos en función de la renta, pero que también diferenciara por ubicación o zona climática. Respecto a su financiación, abre la puerta a sufragar la tarifa con los ingresos obtenidos gracias al cobro de los derechos de emisión de CO2.
El segundo de los vectores abre la puerta a suprimir el IVA para los fabricantes o agricultores del sector agroalimentario en todas las donaciones que realicen a entidades benéficas. "Parece que sale más caro destruir o abandonar un alimentos que donar a una entidad benéfica para apoyar a aquellos que más dificultades están pasando", ha remarcado. El Gobierno aprobó el pasado mes de junio el proyecto de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que persigue reducir el desecho de alimentos sin consumir a la basura e impulsar un mejor aprovechamiento de los mismos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, con sanción de 2.000 euros.
Respecto al tercer eje, el PP ya ha avisado de que su intención pasa por eliminar de la ley de Cambio Climático la prohibición de cualquier tipo de investigación o extracción mineral en España. "No parece razonable que ante esta crisis energética no podamos o no tengamos derecho, acceso o conocimiento de cuáles son los minerales de los que dispone nuestro país", ha denunciado. En concreto, han destacado materiales como el uranio, que se emplea en las centrales nucleares y el litio, componente esencial para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos. "Queremos aumentar las reservas energéticas y con la ley que tenemos actualmente en vigor es imposible", ha lamentado. Desde Génova ven factible una mayor compenetración de las energías renovables en las que se ponga en valor el biogás o el hidrógeno verde, que a juicio de Rollán, Sánchez ha "dejado en la cuneta".
El plan ha sido presentado este martes de forma conjunta por el vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, y el secretario general, Guillermo Mariscal, quienes lo han planteado como 'un plan b' al decreto energético del Gobierno, que ya está en vigor. Rollán ha exigido durante su intervención a Moncloa que deje de lado "los vetos ideológicos" y elabore medidas que favorezcan el potencial energético de España. En este sentido, ha puesto en valor las nucleares que, según sus cálculos, pueden llegar a tener capacidad para producir hasta una cuarta parte del 'pool' eléctrico. “Hemos pedido al Gobierno aumentar la vida útil de las centrales nucleares además de, como recoge nuestro plan, impulsar el uso del biogás y del hidrógeno y un mejor aprovechamiento de los fondos europeos para fortalecer las conexiones gasísticas”, ha precisado Rollán, que tampoco cierra la puerta al 'fracking'.
Desde Génova defienden que la seguridad del suministro energético no ha sido garantizada por el Ejecutivo, a quién acusa de "mala política". Con ello lanza un dardo a Sánchez y sus socios, después de que el deterioro de las relaciones diplomáticas con Argelia pongan el duda los envíos de gas para la próxima temporada invernal. Cabe destacar que EEUU se ha convertido en el principal proveedor de España de esta materia prima, al tiempo que ha también ha elevado las compras a Rusia hasta en un 15% en lo que va de año, por lo que de producirse el cierre del grifo ruso, España pasaría a depender automáticamente del mercado gasístico estadounidense, cuyo transporte hasta España encarece aún más los precios. "Lo verdaderamente importante es atender a la ciencia y a las necesidades de la sociedad y las empresas españolas, para ser más competitivos y menos dependientes en este escenario de crisis energética", ha remarcado Rollán. Así, ha defendido que en España existen "suficientes fuentes energéticas fiables y respetuosas con el medio ambiente que no han supuesto ningún problema para la sociedad y la economía españolas", ha precisado.
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