PP valenciano prepara su convención en medio del debate sobre sus imputados

  • El PP de la Comunidad Valenciana tratará de establecer este fin de semana, en su convención política, los aspectos clave sobre los que basará su programa electoral, con el telón de fondo del actual debate interno que genera el tratamiento a los imputados de este partido en diversas causas judiciales.

Valencia, 6 jun.- El PP de la Comunidad Valenciana tratará de establecer este fin de semana, en su convención política, los aspectos clave sobre los que basará su programa electoral, con el telón de fondo del actual debate interno que genera el tratamiento a los imputados de este partido en diversas causas judiciales.

Los populares valencianos celebrarán mañana y el sábado en Peñíscola (Castellón) una convención que clausurará el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, y que según el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, "supondrá un punto de partida en la cimentación ideológica" para las próximas elecciones.

El partido pretende en esta cita hablar de política "con mayúsculas" y perfilar los aspectos clave en los que se asentará su programa electoral, pero no podrá ser ajeno a casos como Gürtel, Brugal, Cooperación o Nóos, que afectan a varios miembros del grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes.

La justicia va avanzando en las investigaciones de estas causas y "la línea roja" marcada públicamente por el president de la Generalitat y líder del PPCV, Alberto Fabra, para aquellos responsables políticos que se encuentren involucrados en procesos judiciales está cada vez más cerca de algunos de ellos.

El último caso es el del exconseller, exportavoz parlamentario y actual diputado Rafael Blasco, para quien la Abogacía de la Generalitat pide más de once años de prisión y 31 de inhabilitación en el caso Cooperación, en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos de ayuda a la cooperación internacional.

En concreto, la propia Generalitat le atribuye los delitos de tráfico de influencias, malversación de causales públicos, falsedad documental y prevaricación, aunque de momento, no ha sido apartado del grupo parlamentario y sigue ocupando su escaño en el centro del grupo popular.

Fabra ha dejado claro que "no le temblará el pulso" para tomar las decisiones oportunas, pero pide que se respeten unos tiempos: primero, conocer el escrito de la Abogacía, algo que ya se ha cumplido, y segundo, que la juez del TSJCV que instruye la causa decrete la apertura de juicio.

El president ha sido tajante en el partido y en el Consell, donde ha quitado cualquier responsabilidad a los imputados; sin embargo, esa misma decisión es la que algunos, dentro del PP, no ven tan clara cuando se trata de apartar a estas mismas personas de cargos de representación pública.

Para algunos, Fabra debería sea más drástico porque la sociedad no entiende de tiempos sino de hechos, y la realidad es que el grupo popular tiene a nueve imputados sentados entre sus filas, entre ellos la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi; la expresidenta de Les Corts y exconsellera Milagrosa Martínez y el ex "número dos" del partido Ricardo Costa.

Además, hay otros parlamentarios, como Francisco Camps y Rita Barberá, implicados en el caso Nóos y sobre los que el TSJ valenciano debe ahora decidir si les investiga por varios delitos.

La presencia o no de ambos en la convención política de este fin de semana, junto con la de Blasco, generará la consiguiente expectación mediática, especialmente el sábado, cuando está prevista la presencia de Rajoy para clausurar el acto.

Otros miembros del PP, sin embargo, no entienden la diferente vara de medir que se aplica en algunos casos, y es que el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo ocupó su escaño hasta que fue condenado por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en 2004.

El presidente provincial del partido, Alfonso Rus, se ha reafirmado hoy en su teoría de que respeta las decisiones de su presidente pero mantiene que no se puede apartar a un compañero de partido por el mero hecho de haber sido imputado.

Con su "línea roja", Fabra ha intentado distanciarse de Camps, quien le dejó la Presidencia de la Generalitat tras la apertura de juicio contra él por "el caso de los trajes", y ahora tendrá que esforzarse por convencer a todo el partido de que su decisión es la correcta.

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