PPC aprobó en su congreso de 2012 defender una financiación singular catalana

Barcelona, 8 oct.- Un modelo de Estado basado en el "autonomismo diferencial" y una "financiación singular" para Cataluña, con solidaridad "limitada y finalista" pero sin salir del régimen común, fueron los ejes de la ponencia que el PP Catalán aprobó en su congreso de mayo de 2012.

Ésta es la base de la propuesta de financiación autonómica que la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, plantea ahora a la dirección del partido, en un momento de efervescencia del debate soberanista en Cataluña.

La ponencia política que los populares catalanes aprobaron en su XIII Congreso, celebrado el 5 y 6 de mayo del año pasado, apostaba por un modelo de Estado basado en un "autonomismo diferencial" que busque "soluciones para las comunidades en función de su historia, lengua y cultura", y reclamaba una financiación "singular" para Cataluña, donde el Govern tenga una participación importante en la gestión de los impuestos.

La propuesta contemplaba que el modelo de financiación tuviera en cuenta una solidaridad "necesaria" pero "limitada", que debía estar condicionada en el tiempo y tener carácter finalista, para que no "perjudique" la capacidad de Cataluña de seguir siendo motor económico de España.

Así lo detalló entonces el portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, quien remarcó que "la actual ley orgánica de financiación de las autonomías es mejorable, sin tener que salir de este marco, es compatible mantenerse dentro y al mismo tiempo reconocerse la singularidad del hecho diferencial catalán".

La propuesta del PPC se basa en el principio de suficiencia financiera -que la cesta de impuestos en la que la Generalitat participa directamente sea suficiente para ejercer el autogobierno según el Estatut-, así como en la máxima de "encajar mejor el esfuerzo fiscal de los catalanes en el gasto territorial aplicado a Cataluña".

Además, también aboga por el "autonomismo diferencial", consistente en la búsqueda de soluciones diferentes para el desarrollo de las distintas autonomías en función de su historia, lengua y cultura.

Al acto de apertura del congreso acudieron los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, la de Sanidad, Ana Mato, y el titular de Industria, José Manuel Soria, mientras que a la clausura asistió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Meses después, la formación liderada por Alicia Sánchez-Camacho persistió en esta cuestión en las elecciones catalanas de noviembre de 2012, para las que se incluyeron tres puntos en el programa electoral que se referían específicamente a ese nuevo modelo de financiación.

"Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias", señalaba el punto 2 del programa.

Un objetivo que se haría "mediante el incremento de los impuestos cedidos y de la participación en la cesta de impuestos, en el marco de un modelo propio con capacidad normativa, dentro del régimen común de la LOFCA".

"Este modelo permitirá, mediante el establecimiento de fórmulas de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos", apuntaron los populares catalanes.

En otro punto, el PPC defendía "que el nuevo modelo de financiación respete el principio de ordinalidad, el cual garantiza el mantenimiento de la posición catalana respecto a su propia renta per cápita, para que no se altere la posición relativa de Cataluña respecto del resto de comunidades autónomas después de aplicar el mecanismo de nivelación".

"Y también el principio de solidaridad -añadía-, entendiendo que éste ha de ser finalista, para no perjudicar la capacidad de crecer y de competir de la economía catalana".

Los nuevos recursos de ese nuevo modelo de financiación se destinarían a "sufragar las políticas básicas del estado del bienestar para garantizar derechos básicos y cumplir con el Estatut, a políticas de fomento del crecimiento económico o de creación empleo, así como el cumplimiento de la legislación catalana en materia de limitación de déficit y reducción de endeudamiento".

"Atendiendo a la lealtad institucional entre la administración autonómica y las corporaciones locales, haremos partícipes a los entes locales catalanes de una parte substancial de estos nuevos recursos", concluían los populares en el cuarto punto.