El ámbito social del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado diseñado por el Gobierno de coalición también tendrá en cuenta la situación que viven los menores extranjeros no acompañados. La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha incluido en el texto una partida específica de 28 millones para las comunidades autónomas afronten la situación de los menas. Pero la principal novedad está en un nuevo plan para reformar las infraestructuras en las que viven estos niños y adolescentes. El cual estará dotado con hasta 80 millones de euros que saldrán de los fondos europeos, según ha podido saber La Información a través de fuentes del departamento que dirige el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Esta partida que saldrá del plan de ayudas de la Unión Europea no solo se centrará en los espacios donde viven estos jóvenes extranjeros. También habrá una parte que se centrará en la modernización de las infraestructuras de los centros en los que son internados los menores de edad que son condenados por los tribunales. Pero la mayor parte de esos 80 millones sí se volcarán en los espacios de residencias de los menas, que a juicio del Gobierno merecen contar con mejores medios por las circunstancias en las que viven tras su llegada en solitario a España. Además, habrá otro dos millones que se invertirán en reforzar la digitalización de los centros y que también servirán para mejorar las condiciones de quienes atienden a estos adolescentes.
Más de 200 millones para servicios sociales
Otras de las partidas que la secretaría de Estado de Derechos Sociales ha logrado incluir en los Presupuestos tienen que ver con los servicios para las personas vulnerables y los ideados para mejorar la accesibilidad de quienes no pueden desarrollar una vida normal por trabas arquitectónicas o de otro tipo. La primera cuestión se traducirá en un refuerzo de 60 millones para el plan concertado de servicios públicos sociales destinado a las comunidades. Lo que supone que desde ahora haya 100 millones disponibles para asuntos como las prestaciones de diversidad familiar, el respaldo económico a las familias y la infancia o las políticas de integración para la población gitana.
La otra novedad estará en un plan de inversiones para perseverar en la accesibilidad universal. Según las fuentes de la Vicepresidencia consultadas por este diario, habrá 25 millones disponibles cuando se aprueben los PGE para que los discapacitados tengan cada vez menos trabas en su día. Lo que afectará a ámbitos como los educativos, sanitarios o de la administración en general. Junto a esto se emplearán otros 177 millones de los fondos europeos en el refuerzo de los servicios ya vigentes. La idea es que se modernicen y cuenten con las últimas innovaciones e infraestructuras, además de mejorar la capacitación de los profesionales.
Confirmado el 'rescate' a la dependencia
El anteproyecto de las cuentas públicas de 2021 también recoge una de las promesas del Gobierno de coalición: el de recuperar los fondos para la dependencia previos a los recortes que se produjeron tras la crisis de 2008. De los fondos corrientes saldrán 636 millones para el sistema, lo que supone un 50% más que en años anteriores. Pero habrá un impulso aún mayor gracias a los fondos europeos. En concreto, habrá disponibles 708 millones extra que se repartirán no solo entre dependientes, sino también para casos de cuidados de larga duración, personas mayores o discapacitados. La teleasistencia y la atención domiciliaria de estos ciudades también se financiará con esta partida.
En estos más de 1.400 millones también se prevé que se incluyan dos materias que actualmente está negociando el departamento de Iglesias con las comunidades y los agentes sociales. Uno de ellos tiene que ver con la prestación para los cuidadores de dependientes, a los que Secretaría de Estado de Derechos Sociales considera que habría incrementarles la ayuda al menos un 20%. Esta postura es la que defenderá el secretario de Estado del ramo, Nacho Álvarez, cuando se reúna con el resto de interlocutores en el diálogo social o el Consejo Interterritorial. Pero fuentes de su departamento señalan que el porcentaje definitivo puede ser menor o mayor en función de los intereses de los negociadores.
La otra tiene que ver las residencias de mayores. El Ejecutivo de coalición va a insistir en reformas el modelo actual, basado en grandes emplazamientos que acogen a cientos de mayores. Su idea es que se vaya a una atención más personalizada, con infraestructuras que acojan solo a unas decenas de ancianos para así mejorar los servicios que reciben. Una reforma que daría un giro total al sector que, en principio, no ha sido aceptada por las patronales y los sindicatos. Lo que tienen claro en la vicepresidencia es que no apostarán por la llamada medicalización de las residencias, ya que no creen que deban convertirse en hospitales con unos servicios mínimos, explican las mismas fuentes.
Además de todas estas inversiones, Derechos Sociales ya piensa en el futuro y en cómo adecuarlas a todos los ámbitos a los que quiere llegar. Por eso, Iglesias y Álvarez están preparando una nueva ley de Servicios Sociales. El objetivo de la misma será garantizar el sistema de cuidados y lograr que se tenga en cuenta a todos los ciudadanos que necesitan prestaciones o ayuda en su día a día. También servirá como refuerzo al sistema de dependencia actual.
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