Primer contacto de pajín y entidades sociales para la presentación definitiva de la ley de igualdad de trato

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se reunió este martes con un total de 13 entidades defensoras de colectivos vulnerables, los trabajadores y las empresas para presentarles el anteproyecto de la ley de Igualdad de Trato y no discriminación.
Según el ministerio, este encuentro marca el inicio de la ronda de contactos para la presentación definitiva del anteproyecto de ley, y busca implicar a los principales colectivos relacionados con la lucha contra la discriminación y a los agentes sociales en la elaboración de la norma.
Junto a Pajín, asistieron a la reunión la secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído; el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos; la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, y la directora general por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Carmen Navarro.
Los colectivos sociales convocados fueron el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, el Consejo Estatal de Personas Mayores, las ONGs de Acción Social, el Consejo de Promoción de la Igualdad Racial, el Consejo de Participación del Pueblo Gitano, el Foro Español de Pacientes, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la UGT, CCOO y la patronal CEOE.
En su intervención, Pajín presentó las líneas generales de este anteproyecto, que “aspira a convertirse en una ley que coloque a España entre los países más avanzados de Europa en la lucha contra la discriminación”, y manifestó la disposición del Gobierno a incorporar las aportaciones de los colectivos consultados antes de su aprobación definitiva por el Gobierno y remisión a las Cortes.
Asimismo informó a los convocados de que tratará de “dar la máxima celeridad al trámite preceptivo”, a fin de que el anteproyecto aprobado el 7 de enero sea informado por los órganos previstos en la ley (CGPJ, Consejo Fiscal, Consejo Económico y Social, Consejo de Estado) y por las Comunidades Autónomas para que pueda volver al Consejo de Ministros y ser aprobado antes de abril.
Finalmente, los intervinientes aportaron sus puntos de vista y dudas sobre aspectos concretos del borrador, que la ministra se comprometió a resolver en las reuniones sectoriales que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
Con ellas se pretende enriquecer el texto antes de que sea definitivamente aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes Generales, aseguró el ministerio, pues “la intención del Gobierno es que sea una ley de consenso y abierta a la participación”, afirmó.