El decreto-ley impulsado por el Consejo de Ministros contra la llamada república digital catalana ha provocado la primera brecha entre los futuros socios del gobierno de coalición. Los socialistas han votado a favor del decreto que impulsa el Ejecutivo de su partido, en la votación celebrada durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso. Pero Unidas Podemos, que finalmente ha optado por abstenerse en un gesto con sus socios, ha mostrado su oposición a que salga adelante una norma de este tipo. Algo que ha pasado finalmente gracias a los votos favorables de PP y Ciudadanos.
El Gobierno, representado en este caso por la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha conseguido aprobar esta ley entre críticas severas y reproches de la mayoría de los grupos. Entre los que han votado en contra están ERC, Junts per Catalunya, Bildu o Compromís, que han lanzado acusaciones de "censura" contra Moncloa por el decreto. A lo que han sumado que esto es un "refuerzo de la ley mordaza" que aprobó Mariano Rajoy durante su gestión. Es decir, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido el 'no' de aquellos a los que quiere convencer de que le apoyen en el debate de investidura del próximo mes de diciembre.
Esta ley contempla la intervención de las comunicaciones digitales y de las infraestructuras de la red por cuestiones de orden público. A la vez, obliga a que todo portal institucional esté radicado en territorio europeo. Lo que persigue el Ejecutivo es evitar que el Govern catalán disponga de canales o páginas web "en paraísos digitales" para llevar a cabo acciones que persigan la independencia de Cataluña. Así lo explicó en la presentación del decreto la vicepresidenta, Carmen Calvo, que acusó a la Generalitat de usar dominios fuera de Europa para publicitar sus iniciativas secesionistas. Algo a lo que no se ha referido en ningún momento Calviño durante su intervención ante los diputados.
El rechazo a estas medidas ha sido unánime entre los potenciales socios del PSOE. El diputado de En Marea, Antón Gómez Reino ha desgranado las propuestas de Unidas Podemos para mejorar la norma subrayando que se debe garantizar "el control judicial de todas las decisiones de la administración", que no se "vulneren derechos fundamentales ni libertades públicas de los ciudadanos" y se pone freno a la "recentralización digital". Pero sí ha avisado de que puede haber aspectos "inconstucionales" en algunos artículos, debido a que pueden vulnerar esos derechos fundamentales ya mencionados.
ERC: "Ley mordaza digital"
En nombre de ERC, Montserrat Bassa, ha avisado al Ejecutivo de que debería "retirar" el decreto no para lograr un pacto con su formación, sino "por los derechos y libertades de la soberanía española y por pura democracia". "Les honraría que reflexionaran y asumieran que se equivocaron al presentarlo", ha deslizado Bassa, tras descalificar la norma llamándola "ley mordaza digital". "No tenemos claro dónde quieren llegar con esta ofensiva represiva, pero sí que no habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política", ha abundado, antes de remarcar la predisposición de ERC a afrontar el conflicto catalán "mediante el diálogo y la democracia". "Si están dispuestos a sentare y hacer política de verdad, nosotros estaremos ahí porque es dónde siempre hemos estado", ha añadido.
Por su parte, la portavoz de Junts, Laura Borràs, ha definido el decreto ley como "un golpe de Estado digital" de un "Estado tecnófobo" que "protege a sí mismo contra los ciudadanos". "Es la 'Ley Corcuera digital', la ley de patada en el servidor sin orden judicial", ha denunciado, incidiendo en que la norma "no tiene nada que envidiar a las de regímenes autoritarios". Además, ha coincidido con otros intervenientes en arremeter contra el Gobierno por haber aprobado la norma "de forma burda en el tiempo de descuento de una legislatura fallida", sin dejar a los grupos presentar enmiendas, y evitándose los informes que habrían tenido que emitir los órganos constitucionales de haberse aprobado mediante un proyecto de ley.
Avisos de PNV y Compromís
Como el resto de portavoces que ha criticado el texto del Gobierno, Borràs, también ha lamentado que el Gobierno se agarre "a un concepto tan ambiguo como el del orden público" para poder intervenir sitios webs, un aspecto en el que ha incidido especialmente el representante del PNV, Mikel Legarda. De hecho, Legarda ha llegado a avisar al PSOE de que o reconduce este asunto hacia la búsqueda de un acuerdo "a la mayor brevedad posible" o la "predisposición" del PNV "a colaborar" los socialistas "estará seriamente comprometida". Desde Compromís, Joan Baldoví, también ha avanzado que no apoyarán la convalidación de un decreto que permite "intervenir Internet como en China o Arabia Saudí". Lo mismo ha argumentado Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que cree que esta norma abre la puerta a un "Estado de excepción digital".
La aprobación del decreto-ley permite desde este momento que el Ejecutivo pueda controlar toda la infraestructura de Internet en las instituciones, ya sea física o digital, si alega que hay "una amenaza inmediata y grave para el orden público". O si, en otro caso, existen "graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes".
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