Abordar la difícil situación generada por la contaminación en el Mar Menor ha pasado a ser un compromiso del actual Gobierno. Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, este jueves, prometiendo regresar a Murcia pasada la época navideña con el objetivo de revisar el avance y cumplimiento de las medidas de recuperación de la zona, en las que su departamento contempla invertir 382 millones de euros hasta 2026. Entre dichas medidas, resaltan el fin de los regadíos ilegales y frenar el vertido de nitratos procedentes de la agricultura.
El compromiso de Ribera parte de una reunión celebrada junto al presidente murciano, Fernando López Miras, en la que presentó personalmente 35 medidas que previamente había dado a conocer a científicos, investigadores y representantes de organizaciones agrarias, sociales y ambientales. La "cooperación administrativa" se antoja necesaria para poner en marcha este marco de actuaciones que buscan la recuperación del Mar Menor, y se defiende que incrementará "exponencialmente la posibilidad de éxito" evaluando posibles sinergias y actuaciones conjuntas.
Por su parte, López Miras se ha mostrado satisfecho de que se empiece a tratar el problema del Mar Menor como un asunto de Estado, y ha reiterado que la prioridad del Gobierno regional es acabar con los regadíos ilegales e intervenir para frenar los vertidos de nitratos por la rambla del Albujón, ambas medidas contempladas dentro del proyecto presentado por Ribera. Respecto a los regadíos, Ribera se ha comprometido a tramitar todos los expedientes en poder de la Confederación Hidrográfica del Segura antes de que acabe el primer trimestre de 2022: "En nuestro calendario, esta es la prioridad más importante, porque de poco sirve trabajar en otras variables si antes no hemos frenado esta situación con todas las garantías".
El presidente ha manifestado su confianza en que estas actuaciones tendrán su reflejo en los presupuestos generales del Estado, como ha insistido la ministra, que ha subrayado que "cada céntimo de euro" previsto en el plan tiene su reflejo en esas cuentas públicas. En respuesta a periodistas, Ribera se ha referido también al denominado plan de eliminación de vertidos al Mar Menor, conocido abreviadamente como de vertido cero y al cual viene a sustituir el actual proyecto, afirmando que la mayor parte de sus medidas se han materializado o se están llevando a cabo.
La vicepresidenta tercera ha resaltado dos ventajas de la actual medida frente al documento previo, la presentación "clara, concisa, armada en el tiempo y con presupuesto" de todas las actuaciones y la flexibilidad, pues está abierto a la participación y a las aportaciones de las administraciones públicas y de la sociedad. Además, ha tenido palabras para los alcaldes de los municipios colindantes con la albufera, con los que hoy no se ha reunido, pero no por un planteamiento excluyente, sino porque ellos "serán los protagonistas" en su próxima visita a la región, dado que son agentes "fundamentales" en la recuperación del Mar Menor.
Sobre la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados para dotar de personalidad jurídica a ese enclave, ha subrayado que "pone de manifiesto un compromiso muy fuerte" de la sociedad con la recuperación de ese ecosistema y, por lo tanto, será estudiada para "hacerla lo más efectiva posible".
Bruselas forzará a cumplir con todas las obligaciones
Desde Bruselas también se ha defendido que reducir la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura y la salmuera de las plantas desalinizadoras es "esencial" para salvar el Mar Menor, pues la Comisión Europea ha remitido una carta a Ciudadanos, en respuesta a una misiva anterior realizada por la formación naranja al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.
En dicho texto, la institución comunitaria se muestra "muy preocupada" por la situación "crítica" de la laguna y afirma que utilizará "todos los instrumentos disponibles" para que España cumpla con todas sus obligaciones derivadas de la legislación medioambiental comunitaria. Sinkevicius añade ser "consciente" de "las presiones que afectan a la laguna del Mar Menor" y recuerda que Bruselas ha abierto dos expedientes a España por incumplir las directivas sobre nitratos y hábitats en zonas de la laguna y del Campo de Cartagena.
En esta línea, Sinkevicius remarca en el texto que un reciente informe de la Comisión Europea sobre la directiva marco sobre el agua y los planes hidrológicos de cuenca concluyó que "la contaminación difusa por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una presión significativa para varias masas de agua, incluido el Mar Menor". Además, subraya que "la lucha contra la contaminación en origen, en particular por nitratos procedentes de la agricultura circundante, así como la salmuera de las plantas de desalinización, es esencial si queremos salvar la laguna y las actividades recreativas y económicas que apoya".
En palabras del lituano, la Comisión se ha reunido "en varias ocasiones" con autoridades nacionales y regionales y "distintas partes interesadas" para reclamar a todas ellas que apliquen "plenamente" la legislación de la UE sobre agua y naturaleza, así como a reducir la contaminación en el Mar Menor a través de un "diálogo constructivo".
El responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario recuerda también que visitó el Mar Menor a finales de septiembre y envió entonces "un mensaje claro" a las autoridades estatales, regionales y locales para que "actúen ahora, de forma exhaustiva y decisiva, para detener su destrucción y revertir la situación". Él mismo resalta haber puesto a disposición de España apoyo económico a través de los fondos regionales, y los presupuestos de Pesca y Desarrollo Rural, así como a través del plan de recuperación.
No obstante, en relación a la propuesta popular presentada en el Congreso de los Diputados para dotar al Mar Menor y su cuenca de personalidad jurídica, Sinkevicius ha asegurado que "no hay pruebas suficientes de los beneficios prácticos" que podría conllevar, a pesar de que reconoce que esta posibilidad está prevista para situaciones "específicas" en algunos países. El comisario ha querido finalizar su carta resaltando su seguimiento "muy de cerca" de la situación, y que hará uso de todos los instrumentos a su alcance para garantizar que la legislación comunitaria se cumple.
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