Lunes, 25.03.2019 - 11:39 h
De acuerdo con las escuchas telefónicas

Salvador Victoria ordenó pagos en B al 'conseguidor' de Púnica a través de Indra

El exconsejero de Presidencia ordenó al exdirectivo de ICM que consiguiera 10.000 euros para pagar a De Pedro por sus trabajos de reputación 'online'.

Salvador Victoria también irá a la manifestación de la AVT para apoyar a las víctimas "en estos momentos tan dolorosos"
Victoria admitió en 2015 que medió para pagar a De Pedro pero negó anomalías. /EFE

El que fuera consejero de Presidencia en el Gobierno de Ignacio González, Salvador Victoria, ordenó que desde la empresa Indra se accediera al pago de 10.000 euros para el conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, por sus trabajo de mejora de imagen 'online' de algunos miembros del entonces ejecutivo regional, según concluye el juez instructor del caso, José Manuel García Castellón.

Aunque el propio Victoria reconoció hace tres años que medió para que se efectuara el pago siempre dentro de los cauces legales, el juez explica en un auto del pasado 11 de diciembre al que ha tenido acceso La Información, que de las escuchas telefónicas a los investigados en esta causa se desvelan los trabajos en Internet "de diversas autoridades" así como la solicitud que hizo Victoria a José Martínez Nicolás, entonces directivo de ICM (la agencia informática de la Comunidad de Madrid), de que recurriera a Indra para abonar la cuantía solicitada por el empresario.

Las sospechas en torno a los pagos irregulares ordenados desde la empresa de consultoría a De Pedro es uno de los asuntos que se han investigado desde el principio en este procedimiento por la presunta financiación irregular del PP madrileño. Sin embargo, las conclusiones del instructor demuestran que ya da por hecho que se produjo "desvío de fondos públicos" a empresas adjudicatarias de la Comunidad de Madrid, entre las que destacan Indra y Price WaterhouseCoopers (PwC).

De hecho, en su auto por el cual desestima la petición de Martínez Nicolás de archivar su parte en esta macrocausa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 va más allá y asegura que, gracias a las escuchas telefónicas, ha quedado "al descubierto" su participación en el desvío de fondos públicos y que abusó "sistemáticamente" de su cargo al frente de ICM para adjudicar contratos públicos con "un precio indiciariamente sobrevalorado"

Al respecto, los investigadores apuntan directamente a la redacción de facturas falsas desde estas compañías para pagar a empresas implicadas en la trama de corrupción y que tenían cuentas pendientes con el gobierno madrileño. Sobre este punto el magistrado también se expresa con rotunda claridad al asegurar que las denuncias presentadas hasta el momento permiten constatar "de nuevo el abuso de la función pública" por parte de Martínez Nicolás.

Financiación irregular de las campañas de Aguirre y Rajoy

De hecho, aunque el exresponsable informático del Gobierno regional negó en su declaración judicial este verano que se inflaran contratos para pagar al PP, el juez asegura que, atendiendo a las órdenes recibidas, se produjeron "sucesivos y notables incrementos en los precios de licitación" de los contratos relativos a los procesos electorales en la Comunidad de Madrid. El juez hace mención expresa a las campañas de 2007 (en las que Aguirre fue reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid); las generales de 2011 cuando Mariano Rajoy ganó llegó a la presidencia del Gobierno, y las de cuatro años después cuando revalidó la victoria.

Como consecuencia de su implicación en los hechos, Martínez Nicolás se enriqueció de forma fraudulenta, siempre según el auto del magistrado, y escondió sus ganancias en sociedades domiciliadas en paraísos 'off shore'. De hecho, precisa que así consta en la información reclamada a Suiza y según la cual el exconsejero delegado de ICM abrió una cuenta bancaria en el país helvético que mantuvo opaca a la Hacienda Pública. Las autoridades de Liechtenstein también confirmaron la existencia de esta cuenta y revelaron que había una segunda en las que ingresó dinero desde una sociedad en Panamá de la que era titular. 

Precisamente, la petición de comisiones rogatorias al extranjero para indagar en el presunto capital oculto de algunos investigados en esta trama es uno de los aspectos que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que la instrucción de esta causa (en la Audiencia Nacional desde octubre de 2014) no bajara de cinco años. El juez estimó parcialmente esta solicitud y acordó prolongar el plazo de investigación hasta marzo de 2022 debido a la magnitud de esta macrocausa. 

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