El Gobierno aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el real decreto de ayudas directas a las empresas prometido hace más de dos semanas por Pedro Sánchez. Según confirman fuentes gubernamentales a La Información, el paquete de ayudas contendrá 7.000 millones de euros en transferencias directas a pymes y autonómos. El programa incluye 3.000 millones que se dedicarán a un fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO, que gestionará la banca; otros 1.000 millones para la recapitalización de medianas empresas que se inyectarán a través de Cofides; y, por último, 7.000 millones de ayudas a pymes y trabajadores autónomos afectados por la crisis económica provocada por la pandemia.
Durante los últimos días el pulso interno dentro del Gobierno se ha centrado en la naturaleza de este último fondo. La Vicepresidencia de Asuntos Económicos y el Ministerio de Hacienda entendían que debía ser gestionado por las comunidades autónomas, por ser las que mejor conocen las peculiaridades del tejido empresarial de sus respectivos territorios y disponer de más herramientas para hacer llegar las ayudas allí dónde más se necesitan. Otra parte del Gobierno, en la que se alineaba en buena medida Moncloa, entendía que debía ser la Administración del Estado la que asumiera la distribución de estos fondos, ya que iba a disponer los recursos necesarios para dotar el instrumento.
El punto de consenso, según ha avanzado El País, se ha encontrado en que serán los gobiernos autonómicos los que distribuyan esas ayudas como pretendía el área económica del Gobierno, en tanto que la Administración del Estado ejercerá un papel de supervisión a la hora de comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder a esos 7.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido a través de la Agencia Tributaria. Esos requisitos serán haber tenido una caída de la facturación superior al 30% por el efecto de la pandemia y acreditar que los recursos recibidos se destinarán a cubrir los gastos fijos que las empresas se vieron obligadas a soportar durante el cierre de sus negocios en el primer confinamiento, como una suerte de indemnización, o las deudas acumuladas con proveedores.
Una de las principales preocupaciones de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos durante todo el proceso ha sido diseñar los fondos de tal forma que se garantice que las ayudas irán a empresas viables a futuro y que no se malgastarán en compañías que acabarán echando el cierre, como ha sucedido en otros países de Europa. Fuentes conocedoras de las negociaciones mantenidas en las últimas semanas aseguran incluso que la intención de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos era retrasar algunas semanas más la aplicación efectiva del esquema al objeto de comprobar el efecto sobre el tejido empresarial de la retirada de las restricciones a la actividad en las diferentes comunidades autónomas y tener más claro así la situación real de las empresas.
La dotación de los fondos
El otro gran debate se suscitó en torno a la dotación que tendrían cada uno de los tres fondos con los que el Gobierno pretende apuntalar la solvencia del tejido empresarial doméstico. Finalmente, el fondo de ayudas directas a fondo perdido para las empresas y profesionales más afectadas por la Covid estará dotado con 7.000 millones de euros, de los que una parte relevante se reservará de forma específica para las comunidades autónomas más castigadas, Canarias y Baleares; el fondo para recapitalizar empresas de mediano tamaño, a modo de 'hermano pequeño' del Fondo Sepi, dispondrá de 1.000 millones de euros y será gestionado por Cofides (Ministerio de Industria); en tanto que el fondo para financiar operaciones de reestructuración de deudas empresariales, que pilotarán las entidades financieras con ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO) contará con 3.000 millones de euros. Según fuentes gubernamentales, esa distribución de recursos públicos estaba decidida desde hace más de una semana.
Otra de las novedades conocidas este jueves es que una parte de esos 7.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido que el Gobierno va a poner encima de la mesa, y que tal vez evitarán una oleada de reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración del Estado, deberán orientarse a enjugar la factura pendiente que las empresas en problemas tengan con sus proveedores, como han reclamado insistente tanto desde las organizaciones empresariales representativas de la pequeña y la mediana empresa como desde las organizaciones de autónomos.
Tras someterse esta tarde a la consideración de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, el texto, que se tramitará como Real Decreto Ley, se debatirá mañana en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros antes de su aprobación definitiva.
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