Lisboa, 26 abr.- El banco Santander Totta, filial del Santander español, defendió hoy la legalidad de sus operaciones cobertura de riesgo con empresas públicas lusas, que Portugal va a llevar a los tribunales por las pérdidas que han supuesto.
La entidad afirmó en un comunicado que los contratos afectados -con entidades y montos no especificados- se hicieron entre 2005 y 2007, antes de la crisis financiera de 2008, para disminuir los costes de financiación de las empresas y "en un escenario de estabilidad".
El Gobierno luso anunció hoy que ha conseguido ahorrar 170 millones de euros en negociaciones con varios bancos sobre las operaciones con derivados financieros (swap) realizadas por varias empresas públicas, que podrían costarle 3.000 millones en pérdidas.
Tras una investigación del caso, que llevó el lunes a la dimisión de dos secretarios de Estado y antiguos gestores de las entidades implicadas, un miembro del Ejecutivo informó hoy de que ha llegado a varios acuerdos para reducir "cerca del 20% de las responsabilidades potenciales".
Pero todavía mantiene abiertas las negociaciones con algunas entidades y hay dos, el Santander Totta y el estadounidense JP Morgan con los que no hubo acuerdo y el Gobierno anunció que llevará el caso a los tribunales.
El comunicado del Santander Totta subraya que todos los contratos en cuestión tenían como subyacente financiaciones contraídas por las empresas "y no operaciones de naturaleza especulativa".
"Al contrario de la convicción transmitida -agrega-, las pérdidas potenciales de los flujos pagados por las empresas no constituyen beneficios del banco".
La secretaria de Estado del Tesoro, María Luisa Albuquerque, fue quien explicó hoy, en una conferencia de prensa, que Portugal había conseguido ahorrar los 170 millones de las pérdidas asociadas a la contratación de operaciones 'swap' con variables de interés complejas tras dos meses de negociaciones con los bancos.
La secretaria de Estado afirmó que el Gobierno luso defenderá los intereses de los contribuyentes, "ante los tribunales competentes", con los bancos con los que no hay acuerdo y señaló la existencia de tres entidades, no especificadas, que solicitaron más tiempo para ponderar la situación.
El caso de los 'swap' estalló el lunes, con la sustitución de los dos secretarios de Estado, Paulo Braga Lino y Juvenal Silva Peneda, por su relación en la contratación de productos financieros especulativos cuando eran administradores del Metro de Oporto, que perdió 800 millones de euros por esas operaciones.
El Metro de Lisboa, donde están en juego unos 1.100 millones, es otra de las sociedades públicas afectadas por las contratos, suscritos antes de que el actual primer ministro conservador Pedro Passos Coelho llegara al poder, en junio de 2011, cuando aún gobernada el Partido Socialista luso.
La idea de las operaciones, según las explicaciones oficiales, era que algunos de los 'swaps' sirviesen para cubrir el riesgo de subida del tipo de interés Euríbor en operaciones financieras de las empresas, pero los efectos de la crisis internacional en los contratos de riesgo acabaron por generar fuertes pérdidas.
El Santander Totta señalo que todos sus contratos fueron aprobados por las instancias competentes y no tiene "duda alguna de su legalidad".
Desde 2008, al eclosionar la crisis financiera, el banco se ofreció a buscar soluciones para mitigar el riesgo de las operaciones, y en la reciente negociación presentó propuestas "muy favorables al Estado que infelizmente fueron rechazadas", asegura la entidad.
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