"Santi Potros", el dirigente etarra que ordenó el atentado de "Hipercor"

Barcelona, 4 dic.- Santiago Arrospide Sarasola, "Santi Potros", cuya excarcelación ha decretado hoy la Audiencia Nacional por el descuento de penas a las que fueron condenados en Francia de acuerdo a la normativa europea, fue el dirigente etarra que ordenó el atentado de Hipercor, el más sangriento de la organización terrorista.

El atentado en el supermercado situado en la Avenida Meridiana de Barcelona, que causó 21 muertos y 46 heridos, supuso un giro radical en la forma de actuar de la organización terrorista, ya que por primera vez todas sus víctimas fueron civiles y además fue indiscriminado.

Los autores del atentado pusieron treinta kilos de amonal y cien litros de líquido inflamable en unos bidones escondidos en el maletero de un Ford Sierra previamente robado, que estacionaron en la primera planta del aparcamiento de Hipercor.

Sobre las tres de la tarde, uno de los miembros del comando hizo tres llamadas desde cabinas telefónicas, comunicando en nombre de ETA que tendría lugar una explosión en Hipercor entre las 15.30 y las 15.40 horas.

Miembros de las fuerzas de seguridad, junto a los vigilantes jurados del centro comercial, efectuaron una inspección ocular pero no encontraron nada, por lo que decidieron no desalojar el edificio, al estimar que se trató de una falsa alarma.

Sin embargo, hacia las 16.10 horas se produjo el estallido, que abrió un cráter en el suelo y un agujero en el techo, por los que pasó una ola de fuego que abrasó y asfixió a empleados y clientes.

En julio de 2004 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que había condenado a 790 años de cárcel a "Santi Potros" y al antiguo miembro del Comando Barcelona, Rafael Caride Simón, por ordenar y ejecutar, respectivamente, el atentado de Hipercor.

Por este atentado también fueron condenados Domingo Troitiño y Josefina Ernaga a penas que sumaban más de 1.600 años de cárcel.

Además, a raíz de una demanda presentada por trece de las víctimas, también se condenó al Estado como responsable civil subsidiario por el "mal funcionamiento" de las fuerzas de seguridad, que no detectaron los explosivos, por lo que se les indemnizó.