La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha mostrado su rechazo al nuevo impuesto anunciado esta semana por el Gobierno que gravará los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas durante este año y en 2023. En un comunicado, la patronal del sector gasista ha lamentado este jueves la "inseguridad jurídica" que genera esta medida, en medio de una "delicada" coyuntura económica donde cree que debería primar "la planificación y la prudencia fiscal".
Además, critica la imprecisión de la medida, y advierte del posible impacto que puede tener en los planes de inversión de las compañías del sector. "La imprecisión de la medida anunciada y la falta de seguridad jurídica dañan la reputación y la credibilidad de nuestro país ante la comunidad inversora", explica Sedigas. En ese sentido, vaticina que la medida, de carácter retroactivo, puede motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración, con su consiguiente impacto final para las arcas públicas.
Asimismo, cree que no es "sensato" detraer recursos en un momento de "máxima incertidumbre", y en el que se necesitan inversiones y operadores sólidos para garantizar la seguridad de suministro. Por ello, defiende el papel "fundamental" que tiene el sistema gasista español para Europa en un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania, y asegura que este tipo de medidas suponen un freno para la descarbonización y lograr una mayor autonomía energética.
Por último, Sedigas rechaza la "retórica beligerante" contra las compañías energéticas, que según la patronal del sector gasista han jugado un papel fundamental para garantizar el bienestar económico y social fundamental del país. La reacción del sector gasista se produce después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del Estado de la Nación de la creación de un impuesto temporal a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras con ingresos de más de 1.000 millones de euros. El impuesto, que se aplicará sobre los ejercicios 2022 y 2023, permitirá al Estado recaudar alrededor de 2.000 millones por cada año.
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