El Gobierno mantiene un plan de contingencia energética que no considera a Rusia como factor de riesgo. Se trata del protocolo de emergencia del sistema gasista español en vigor desde 2019, con vigencia hasta 2024. Tras cinco meses de guerra en Ucrania -y a solo cuatro para que vuelva el frío- el Ejecutivo todavía no ha actualizado este documento, pese al cruce de reproches y sanciones económicas que la Unión Europea y el Kremlin intercambian a diario desde el inicio del conflicto armado.
De hecho, tanto la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como la titular de Industria, Reyes Maroto, han acelerado en los últimos días los contactos con agentes sociales, consumidores y representantes el sector energético. El objetivo de esta ronda de reuniones es pulir un nuevo plan de contingencia antes del 26 de julio, cuando el Consejo Europeo ha convocado un encuentro extraordinario para valorar las propuestas de los Estados miembros, con el fin de sacar adelante una estrategia conjunta para afrontar posibles -y, a ojos del sector, cada vez más probables- cortes prolongados del flujo de gas ruso con destino al territorio comunitario.
Ribera ha programado para este jueves una jornada intensiva de contactos para abordar este asunto. A las 8:30 se reúne con organizaciones de consumidores. A las 11:00, encuentro con las patronales eléctrica (Aelec) y gasista (Sedigas). A las 17:00, cónclave con el lobby petrolero. La ministra cerrará la ronda con un 'cara a cara' con los agentes sociales. Por su parte, los representantes de la industria electrointensiva acudieron a la llamada del Ejecutivo este martes. A todos los convocados se les ha exigido máxima discreción. Pese a los constantes amagos de bloqueo energético que ha protagonizado el gobierno de Vladimir Putin, el Gobierno no ha movido ficha para renovar su plan de emergencia hasta sentir el 'empujón' de Bruselas.
El Ejecutivo comunitario obliga a los Veintisiete a contar con dos hojas de ruta complementarias contra eventuales problemas de suministro de gas. A saber, un plan de acción preventivo y un protocolo de emergencia que sirvan para blindar el sistema gasista de cada Estado miembro ante cualquier eventualidad. Estos deben recopilar las medidas necesarias para encarar potenciales amenazas para el abastecimiento de gas, como las derivadas de la transición energética o las que se detecten en evaluaciones de riesgos comunes y nacionales. También deben recoger las acciones previstas para eliminar o atenuar el impacto de cortes de suministro.
El Gobierno ha lanzado balones fuera cuando ha sido interpelado por Vox en el Congreso sobre la crisis de suministro y de los precios del gas
Ambos documentos deben someterse a consulta pública. En el caso del plan de contingencia que el equipo de Transición Ecológica ha empezado a diseñar a contrarreloj, todo hace indicar que no habrá tiempo para someterlo a este trámite oficial. La estrategia final, no obstante, beberá de las aportaciones que realicen todos los grupos de interés.
En el caso de España, ninguno de los dos protocolos vigentes valora Rusia como un elemento de riesgo. En las más de cien páginas que suman ambos documentos no se hace ninguna alusión a Moscú. En este grupo sí figuran países como Argelia o Noruega. Se da la circunstancia de que el pasado mes de junio España disparó las compras de gas ruso, que supusieron el 24,4% de los suministros de gas, superando por primera vez al país argelino, cuyo peso fue del 21,6%, según el último boletín mensual de Enagás. En el mismo periodo de 2021, las entradas desde Rusia supusieron poco más del 19% del abastecimiento nacional.
Esto no significa que el suministro de gas en España esté comprometido. La fortaleza de las infraestructuras y la diversidad de fuentes de abastecimiento con las que cuenta nuestro país limitan la exposición a Rusia. Fuentes del sector se han mostrado precavidas a la hora de analizar este pico reciente en la entrada de gas ruso y aseguran que es difícil sacar conclusiones de la fotografía de un único mes. Con todo, se espera que tras los contactos que se están desarrollando para pulir la propuesta española se incorpore por primera vez a Rusia como uno de los principales factores de riesgo.
Desde el sector gasista aseguran que han hecho los deberes e inciden en que los niveles de almacenamiento de gas en España superan los de la mayoría de los países de la Unión. Fuentes empresariales enmarcan el acelerón del Gobierno en el temor de Bruselas a un cierre permanente del gaseoducto Nord Stream 1, que Rusia ha bloqueado esta semana, a priori, temporalmente por cuestiones técnicas.
Esta situación ha puesto a países como Alemania en una situación límite. "Y cuando Alemania estornuda, ya se sabe que toda Europa se resfría", señala una fuente del ámbito empresarial próxima a los contactos que está liderando Ribera. Desde el sector matizan que en 2019, cuando se aprobaron los planes de emergencia aún vigentes, Moscú todavía no se encontraba en el foco de la comunidad internacional. Aunque convienen en que al Gobierno le ha vuelto a "pillar el toro" tras casi medio año de conflicto bélico. El miedo a una eventual crisis de abastecimiento de gas ya es foco del debate político.
El Gobierno lanzó balones fuera ante la pregunta que el grupo parlamentario Vox registró en el Congreso sobre efectos en la seguridad de suministro y los precios que podrían derivarse para el mercado español por posibles picos de la demanda exterior a raíz del bloqueo ruso. El Ejecutivo se limitó a repetir lo recogido en la ley y señaló a las empresas comercializadoras de gas, de las que aseguró "negocian libremente las condiciones comerciales y logísticas de sus aprovisionamientos". Una lectura que elude la responsabilidad del Gobierno, por ejemplo, en la crisis diplomática con Argelia, que ha derivado en una revisión masiva al alza por parte del país magrebí de contratos de abastecimiento suscritos con compañías españolas. Sin opción a réplica.
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