La última Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), el documento que elabora el Departamento de Seguridad Nacional para anticiparse a las situaciones que puedan atentar directamente contra la seguridad de la Nación y que fue publicado en 2017 con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, señalaba cuando fue publicado en 2017 los desafíos que España afrontaría en los próximos años, entre ellos la inestabilidad económica, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes y el cambio climático. Incluía también, como uno de los retos más importantes, las epidemias y pandemias.
El departamento, que depende directamente de Presidencia del Gobierno, destacaba en dicha ESN -hoy vigente y sucesora de la publicada en 2013 y de la Estrategia Española de Seguridad de 2011- que la aparición de epidemias y pandemias en las últimas décadas podría calificarse como de megatendencia. En estos años se identificaban seis alertas sanitarias globales: el Síndrome Respiratorio Agudo Grave, la gripe por virus A/H5N1, la pandemia de gripe por virus A/H1N1, la nueva diseminación internacional del poliovirus salvaje, la enfermedad por virus Ébola en África del Oeste y la infección por virus Zika.
Junto a estas alertas, existen importantes aceleradores que multiplican los efectos adversos de las pandemias y de los que nuestro país es realmente dependiente. Así, los grandes movimientos poblacionales del campo a la ciudad, el fenómeno migratorio internacional, un clima que favorece la propagación de enfermedades víricas y una población envejecida son aspectos que, juntos, pueden suponer la aparición de una ‘tormenta perfecta’ para la economía y la sanidad de un país.
La ESN señala las medidas para reducir, en la medida de lo posible, la amenaza que suponen las pandemias. Entre otras, “reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos infecciosos mediante la vacunación, el control e inspección de mercancías en frontera, la creación de programas de prevención y promoción de la salud o buenos sistemas de saneamiento y salud pública”.
Ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, el 15 de marzo de 2019, el DSN publicaba el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente al ejercicio 2018. Es otro de los documentos imprescindibles en el desarrollo de nuestra ESN. En el mismo, la seguridad frente a las pandemias y epidemias goza de un apartado destacado.
A los vectores señalados como peligrosos, como el fenómeno migratorio o el control de mercancías en frontera, se añade otro, el turismo, como uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de estudiar la entrada y propagación de una epidemia en España. No hay que olvidar que nuestro país recibe 82 millones de turistas al año y es evidente que la entrada y posterior propagación en el territorio nacional de cualquier tipo de enfermedad debe ser considerada como factor de riesgo altísimo. En este mismo informe anual se explicita que en nuestro país - y en el resto del mundo - “el incremento de las resistencias a los antimicrobianos se está convirtiendo, progresivamente, en uno de los mayores problemas para la seguridad sanitaria”.
Quizá, los aspectos más inquietantes en la resolución de la crisis del coronavirus no sean tanto los factores externos sino los internos y, específicamente, los administrativos. En su labor de ‘Pepito Grillo’ del Estado, el DSN ya advertía de la “necesidad de reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos” para asegurar una buena “coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional”.
Para alcanzar este objetivo, durante 2018 se realizaron múltiples simulacros que supusieron una prueba para nuestras capacidades y mecanismos de actuación. Así, el Centro Nacional de Microbiología participó en un ejercicio para la comprobación del funcionamiento del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), en el que participaron todas las CCAA, y cuyo resultado destacaba la importancia de “la colaboración entre los distintos organismos con competencia en este ámbito” que “es fundamental para su buen desarrollo tanto en la mejora de capacidades de prevención como de reacción”.
Posiblemente, este es el aspecto más preocupante y que deja en nuestras manos saber si supondrá una fortaleza o una debilidad. El sistema sanitario español está competencialmente transferido a las Comunidades Autónomas. Esto implica que el Gobierno coordina, - y llegado el momento interviene - a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a las Comunidades Autónomas, para garantizar la prestación universal de los servicios sanitarios y la salud pública en nuestro país.
Otros países como Francia y en menor medida Italia, con grados de descentralización mucho menores que España, gozan de un poder de acción directo sobre su sistema de salud pública. Dicho en román paladino, el responsable, para lo bueno y para lo malo, es París o Roma, no Marsella o Milán.
Estos dos países disfrutan de un sistema que ayuda mucho en la labor, no menor, de la comunicación de crisis, en la que es necesario siempre la unicidad del mensaje, evitando un número mayor a uno de portavoces.
En el primer día de ascenso de la crisis del coronavirus a pandemia nacional ya vimos un primer equívoco a la hora de coordinar las ruedas de prensa que, por otra parte, el ministro de Sanidad solventó brillantemente remitiendo cualquier tipo de pregunta relativa a Madrid o País Vasco a las autoridades sanitarias autonómicas.
El papel del DSN es fundamental. Su trabajo es advertir de las amenazas y señalar la manera de reducirlas. Corresponde al Gobierno de la Nación su ejecución y la aprobación y regulación de sistemas que eviten, siempre asumiendo que la seguridad absoluta no existe, daños que puedan atentar directamente contra el país.
Acertaba el DSN en la identificación de los riesgos que atentan contra la Seguridad Nacional y acertó también a la hora de señalar las debilidades y fortalezas. La descentralización administrativa acerca las instituciones al ciudadano, procura una mejor atención sanitaria, puesto que responde con mayor calidad a las necesidades del usuario, pero también puede suponer un obstáculo en la eficacia de las medidas necesarias para solucionar una crisis pandémica.
El coronavirus ha llegado a nuestras vidas y parece que va a someter a nuestro país a una especie de ‘test de stress’ competencial. Superarlo no dependerá de extraños hombres de negro en Bruselas. Recaerá en la reacción de un sistema autonómico, que tiene la oportunidad de salir reforzado o quedar realmente dañado para siempre.
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