Asunción, 20 sep.- El Supremo de Paraguay rechazó hoy un recurso de inconstitucionalidad planteado por el expresidente paraguayo Fernando Lugo, que exige la anulación del juicio político que afrontó y que derivó en su destitución el 22 de junio pasado.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la resolución de rechazo argumentando que el juicio al que fue sometido Lugo en el Legislativo fue una trámite político y no judicial, informó a periodistas una fuente del Poder Judicial.
La nueva disposición, que fue adoptada luego de que el Senado y la Fiscalía recomendaran al Supremo el rechazo del recurso promovido por Lugo el 4 de julio pasado, fue firmada por los magistrados Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro, destacó la fuente.
Lugo fue separado del cargo tras ser sometido por el Congreso a un juicio político "por mal desempeño en sus funciones" y sustituido en el cargo el 22 de junio por el entonces vicepresidente del país, Federico Franco.
La Sala Constitucional ya había desestimado el 25 de junio pasado un primer recurso del exmandatario, presentado contra el reglamento del Legislativo que fijó los horarios de las sesiones del "juicio político", concluido en un solo día.
Lugo argumentó entonces que no se le dio el tiempo para articular su defensa, mientras que la acción de inconstitucionalidad rechazada hoy iba en contra del veredicto mismo del Legislativo.
Los abogados del exgobernante advirtieron en su día que su cliente podría recurrir a tribunales internacionales si sus reclamos eran desestimados por la Justicia paraguaya.
Lugo, que el 27 de agosto último también tramitó un recurso de hábeas data en el Poder Judicial para exigir el acceso a los expedientes del juicio político, sostiene que fue víctima de un "golpe de Estado parlamentario".
La Constitución paraguaya contempla la posibilidad de un juicio político al presidente por parte del Legislativo y que sea reemplazado por el vicepresidente en caso de su separación del cargo.
La destitución de Lugo, cuyo mandato de cinco años debía concluir el 15 de agosto de 2013, derivó en una crisis política en el país y motivó la suspensión de Paraguay en el Mercosur y en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
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