Tasas judiciales. Gallardón anuncia exención total para víctimas de malos tratos y personas con discapacidad

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció este miércoles que las víctimas de malos tratos y las personas con discapacidad, entre otros colectivos, estarán exentos del pago de tasas judiciales y tampoco pagarán abogado ni procurador en los procesos.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro respondió dos preguntas sobre la nueva regulación de las tasas judiciales, una de ellas de la diputada socialista Carmen Montón sobre el “impacto de género” de esa reforma.
El ministro respondió con “matemáticas y aritmética frente a la demagogia” y aseguró que las tasas son sólo el diez por ciento del coste de los procesos, por lo que la petición socialista para eximir a determinados colectivos, como las mujeres maltratadas, es “claramente insuficiente, profundamente insolidaria” y contradice los mandatos del Parlamento Europeo.
En su tesis de que esa nueva regulación pretende extender la justicia gratuita, aseguró que las mujeres y los menores víctimas de malos tratos o abusos, los discapacitados, y las víctimas de redes de tráfico de seres humanos o de terrorismo quedarán exentos del pago de tasas pero también del resto del coste judicial, es decir, no pagarán abogado ni procurador.
Carmen Montón había denunciado que, pese a que las tasas no se aplican a los procesos penales, en los juzgados de violencia de género se atienden procesos civiles, por lo que las mujeres que busquen salir del círculo de violencia rompiendo el vínculo legal con el agresor tendrían que pagar tasas para iniciar la separación y el divorcio.
“Esta ley es machista y debo denunciar que el machismo mata”, sentenció Carmen Montón, que exigió al Gobierno una garantía de exención para las mujeres maltratadas.
Antes, Alex Sáenz Jubero había denunciado también que esa ley rompe el principio constitucional de igualdad en el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva, motivo por el que el PSOE interpondrá recurso de inconstitucionalidad.
El ministro le respondió que la ley pretende resolver el mal funcionamiento de la Justicia, y atribuyó el rechazo a una “reacción corporativa” a la que se ha sumado el PSOE.