Toma posesión el nuevo Ejecutivo holandés centrado en superar la crisis

La Haya, 5 nov.- El nuevo Gobierno holandés, integrado por liberales y socialdemócratas, tomó hoy posesión centrado en superar los efectos de la crisis en el país y bajo las críticas por su plan para ahorrar 16.000 millones de euros hasta 2017.

El primer ministro, el liberal Mark Rutte, ha conformado un gabinete de coalición integrado por siete ministros de su partido y otros seis laboristas, que prometieron su cargo ante la reina Beatriz, en una ceremonia en el Palacio Huis ten Bosch, por primera vez pública y difundida por las televisiones del país.

En el Ejecutivo de Rutte la cartera de Defensa ha recaído por primera vez en una mujer, la liberal y exeuroparlamentaria Jeanine Hennis, mientras que la jefatura de la diplomacia será responsabilidad del europeísta socialdemócrata Frans Timmermans.

El Gobierno holandés anunció a finales de octubre que aplicará ajustes presupuestarios adicionales de 16.000 millones de euros en los próximos cuatro años, lo que ha suscitado una polémica porque recaerán sobre todo en las clases medias del país.

Con esas medidas Rutte, vencedor de las elecciones legislativas de septiembre pasado, planea que el déficit público de Holanda se situará en 2017 en el 1,7 % del Producto Interior Bruto (PIB), por debajo del umbral del 3 % estipulado por la Unión Europea (UE) y frente al 4,7 % de finales de 2011.

En cuando a la tasa de desempleo, el nuevo Ejecutivo estima que al final de la legislatura será del 6 % de la población activa, frente al 5,25 % actual.

"Los efectos de la crisis siguen siendo moderados en Holanda", indicó hoy a Efe el experto del principal órgano consultor del Gobierno en materia económica (CPB), Edwin van de Haar, quien reconoció que "la economía holandesa tiene puntos débiles estructurales, como la deuda hipotecaria de los ciudadanos", que es la más alta de Europa.

Holanda cuenta con un sistema de beneficios fiscales para las hipotecas sobre viviendas que es muy costoso para las arcas públicas y que el nuevo Gobierno ha sido el primero en atreverse a modificar, rebajando el 0,5 % las ayudas más altas.

El experto del CBP declinó valorar si esta medida es suficiente para atajar el problema de la vivienda en Holanda, pero señaló que el organismo "en el pasado ha aconsejado al Gobierno reformas estructurales para avivar el mercado en ese sector, pero las medidas concretas son una tarea del Ejecutivo".

La crisis también ha visto tambalearse el estable sistema de pensiones holandés, considerado como uno de los mejores del mundo al combinar ahorros privados y contribuciones empresariales y públicas.

"La crisis ha provocado la disminución del rendimiento los fondos de pensiones y eso crea inseguridad", indicó Van de Haar.

Los liberales de Rutte, que repite como primer ministro, y los laboristas han acordado que la edad de jubilación suba a los 66 años en 2018 y a los 67 en 2021.

Otro de los retos del nuevo Gobierno es mejorar la confianza de los hogares en el consumo, que ha disminuir al hacerlo también el poder adquisitivo de los ciudadanos.

"La gente se da cuenta de que sus euros rinden menos en el supermercado por lo que se muestra prudente en el gasto, provocando un efecto adverso en el crecimiento económico", señaló Van de Haar.

El Ejecutivo estima que el poder adquisitivo de los salarios más bajos subirá ligeramente en los próximo 4 años, mientras que el de las personas con más ingresos disminuirá hasta un tope de un 4 %.

Sin embargo, algunos expertos ponen en duda esa expectativa porque consideran que algunas familias reducirán hasta en un 20 % su poder adquisitivo como consecuencia de la nueva distribución de las aportaciones sanitarias hechas por los ciudadanos y que son proporcionales a los ingresos.

Esta medida, una de las más polémicas del Gobierno de liberales y laboristas, no tiene los apoyos necesarios en el Senado, donde la coalición de gobierno no cuenta con mayoría.

Otro propuesta que ha creado polémica en Holanda es la de reducir hasta un máximo del 20 % del salario fijo las bonificaciones a los banqueros y la introducción de un impuesto sobre las transacciones accionariales, que ha desencadenado las críticas del sector e incluso la amenaza de algunas firmas de trasladar sus actividades a otros países.