Tráfico. El senado eleva a 1.000 euros la multa por negarse a hacer la prueba de alcohol

La reforma de la Ley de Tráfico superó este miércoles su penúltimo trámite en el Senado, donde será votada la próxima semana en el Pleno para volver después al Congreso de los Diputados, que la aprobará definitivamente, con cuatro principales novedades: negarse a pasar la prueba de alcohol o drogas conllevará una multa de 1.000 euros, quienes deseen realizar un curso de recuperación parcial de puntos deben superar un examen, el plazo para pagar voluntariamente las sanciones sube de 15 a 20 días y los conductores que circulen con un vehículo matriculado en otro país de la UE pagarán las multas si cometen alguna infracción.
La Comisión de Interior del Senado aprobó este miércoles estas novedades relativas a la modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que suscitó la presentación de un veto por parte de IU, que fue rechazado, y 252 enmiendas: 27 del PP, 36 del PSOE, 24 de CiU, 65 de Entesa Pel Progrés de Catalunya (EPC), 16 del PNV y 84 del Grupo Mixto.
La Comisión de Interior superó con cierta brevedad su tramitación, ya que la ponencia sobre la reforma de la Ley de Tráfico adelantó el trabajo con la inclusión de varias enmiendas. De hecho, los diferentes portavoces se limitaron principalmente a esperar al Pleno del Senado de la próxima semana para fomentar entonces el debate e intentar que se acepten sus enmiendas.
El portavoz del PSOE, José María Ángel, fue quien más se extendió en explicar la posición de su grupo parlamentario y enumeró algunos aspectos de la ley con los que no está de acuerdo: “Los límites de velocidad, el uso del cinturón y el casco de seguridad, alcohol y drogas, bicicletas y autocaravanas, detectores de radares y atropellos cinegéticos”.
“Ha habido cierta prisa y nos sorprende porque el 1 de enero de 2015 entrará en vigor una legislación de Europa y vamos a estar sometidos después a determinadas modificaciones obligatorias. El texto debería estar más reflexionado y mejorado”, añadió.
El informe de la ponencia obtuvo 15 votos a favor (PP), 9 en contra (PSOE, EPC, PNV y Grupo Mixto) y 1 abstención (CiU).
El texto incorpora un cambio para quienes incumplan la obligación de someterse a las pruebas de alcohol o drogas ante la Guardia Civil o la Policía Local, lo cual ahora está considerado como infracción muy grave y conlleva una multa de 500 euros. La novedad es que la sanción se duplica y se eleva a 1.000 euros.
Además, la Comisión de Interior del Senado aclaró las multas para quienes conduzcan borrachos o bajo los efectos de las drogas, que serán de 1.000 euros para quienes dupliquen la tasa de alcohol permitida o quienes hayan reincidido en un máximo de un año, y para todos los que conduzcan después de haber consumido estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes.
EXAMEN Y RECUPERACIÓN DE SEIS PUNTOS
Por otro lado, la Comisión de Interior del Senado incluye novedades para quienes hayan perdido puntos en su permiso de conducir. Así, todos los conductores que quieran recuperar puntos de forma parcial o total deberán superar un curso de sensibilización y reeducación vial y aprobar un examen en la jefatura provincial de tráfico correspondiente, cuando éste ahora es sólo obligatorio para quienes hayan perdido todos los puntos. Además, se eleva de cuatro a seis los puntos que los conductores podrán recuperar parcialmente.
“El titular de una autorización que haya perdido una parte del crédito inicial de puntos asignado podrá optar a su recuperación parcial, hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando un curso de sensibilización y reeducación vial y superando la prueba de aprovechamiento del mismo que se determine por el Ministerio del Interior. Los conductores profesionales podrán realizar el curso y la prueba correspondiente con frecuencia anual”, señala el texto aprobado este miércoles.
En este terreno, el texto afecta a las autoescuelas, ya que actualmente los cursos se realizan en algunos centros por régimen de concesión, “lo que supone una restricción a la libre competencia”. De esta forma, se propone “pasar del actual régimen de concesión a un régimen de autorización previa”, lo cual “no puede suponer una merma en la calidad de los cursos que se imparten”.
Por último, la Comisión de Interior del Senado acordó incorporar una directiva de la UE por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre multas de tráfico en materia de seguridad vial, con el fin de “poder sancionar determinadas infracciones cuando se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se cometió la infracción”.
De esta forma, los conductores que circulen por las carreteras españolas con un vehículo matriculado en otro país de la UE, salvo Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, acabarán pagando las multas en España.
Así, las autoridades españolas dispondrán de un modelo para enviar a las del país cuyo conductor ha cometido la infracción con el fin de agilizar el pago de la multa.
Las infracciones que cometan los conductores con vehículo matriculado en otro país de la UE son exceso de velocidad, conducción con tasas de alcohol superiores a las permitidas, no llevar puesto el cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados, no detenerse ante un semáforo en rojo o una señal de ‘stop’, circular por un carril prohibido o por el arcén, conducir bajo los efectos de las drogas, no utilizar el casco en el caso de los motoristas o hablar por el teléfono móvil mientras se circula.
Por último, el PP aceptó tres enmiendas de CiU por las cuales se amplía de 15 a 20 días el plazo para pagar voluntariamente las multas y obtener así una reducción del 50% de la sanción.