Washington, 27 feb.- El Tribunal Supremo de EE.UU. sopesará hoy la validez de parte de una ley federal de 1965 que protege el derecho al voto de las minorías raciales en EEUU y que los activistas consideran como la ley de derechos civiles más importante del país aprobada nunca por el Congreso.
El caso ante los nueve magistrados del Tribunal Supremo deriva de una demanda presentada por el condado Shelby del sureño estado de Alabama, que ha decidido impugnar la constitucionalidad de la sección 5 del Acta del Derecho al Voto.
La ley fue puesta en marcha en medio de un agrio debate sobre cómo corregir el legado de racismo en Estados Unidos y tenía como objetivo remediar la discriminación que sufrían millones de estadounidenses y que les impedía el derecho al sufragio.
La ley, promulgada en 1965 y renovada en cuatro ocasiones desde entonces -la última vez fue en 2006- incluye una cláusula que exige a los estados que tienen una larga trayectoria de discriminación racial en las urnas a que primero soliciten permiso del Departamento de Justicia o un tribunal federal para modificar cualquiera de sus procedimientos electorales.
En concreto, la sección 5 aplica principalmente a nueve estados y 66 condados en otros siete estados.
Pero el condado de Shelby, en Alabama, insiste en que ese requisito de solicitar un permiso previo -ya sea para efectuar cambios técnicos, cambio de centros electorales o reglamentos sobre cédulas de identidad de votante- es inconstitucional sin importar sus intenciones.
"El costo de la sección 5 es demasiado grande", argumenta el condado de Shelby, un suburbio al sur de la ciudad de Birmingham y de mayoría blanca.
Según las autoridades de ese condado, no hay pruebas de supresión del voto de las minorías en Alabama y no hay nada que justifique lo que califican como una extralimitación del Gobierno federal.
El propio fiscal general de Alabama, Luther Strange, ha señalado que, desde 1990, los votantes afroamericanos en ese estado sureño se han empadronado y han votado en mayores porcentajes que los afroamericanos en otros estados del sur del país.
Así, el caso -sobre el que el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse en junio próximo- en realidad pondrá sobre el tapete la autonomía de los gobiernos estatales para la realización de elecciones, según observadores.
Grupos defensores de los derechos civiles insisten en que el Tribunal Supremo debe dejar intacta la sección 5 de la ley federal porque, a su juicio, sigue siendo una herramienta clave para proteger el derecho al voto de las minorías raciales en el país.
Si el Supremo elimina esa cláusula, advierten los activistas, estarán revirtiendo los logros de las últimas décadas y facilitarán la supresión del voto de las minorías en unos momentos en que éstas, incluida la minoría hispana, aumentan su peso político en Estados Unidos.
Activistas de los grupos defensores de los derechos civiles, entre éstos la Alianza por la Justicia, y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), tienen previsto convocar una rueda de prensa frente al Tribunal Supremo una vez que concluya la audiencia.
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