La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido de forma cautelar la medida del Gobierno de Canarias de exigir certificado Covid o prueba diagnóstica a los ciudadanos para acceder a establecimientos de hostelería y restauración.
Asimismo, ha quedado suspendido el cierre total entre las 00.00 y las 06.00 horas, además el límite de aforo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración queda fijado en un 50% tanto en nivel 3 como en el 4, según recoge el auto dictado por el TSJC tras el recurso interpuesto por Hostelería Unida Tenerife (HUT).
También se suspende el límite de aforo en el interior de gimnasios y actividades físicas no federadas en zonas interiores, así como cines, teatros, auditorios y espacios culturales, quedando fijado en un 55% para el nivel 4 y sin que se puede exigir para el acceso a estos lugares el certificado Covid o prueba diagnóstica de infección activa.
Sobre la medida, La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró este miércoles que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no había abordado la aplicación del pasaporte Covid para entrar en bares o discotecas, a pesar de que esta misma mañana su compañera de Gobierno, la titular de Turismo, Reyes Maroto, anunciara que este tema se debatiría en este foro con las Comunidades Autónomas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que se celebró la tarde del miércoles pasado, Darias sostuvo que este asunto "no formaba parte del orden del día" y que, aunque algún consejero autonómico ha planteado esta cuestión, no se ha abordado "porque no formaba parte de mismo". Esa misma mañana, Reyes Maroto había anunciado en una rueda de prensa que el Gobierno debatiría con las comunidades autónomas sobre la aplicación del pasaporte Covid para entrar en bares o discotecas, dentro del marco del Consejo Interterritorial.
Sin embargo, Darias, a preguntas de los periodistas, recalcó que este tema no formaba parte del día y que, lo que le parece "muy importante" al Gobierno es alcanzar los "hitos" marcados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de vacunar al 70 por ciento de la población. En algunas comunidades, como Canarias o Galicia, ya están empezando a pedir este pasaporte Covid para acceder a ciertos establecimientos, como discotecas o restaurantes.
Por su parte, El Gobierno de Canarias estudiará el alcance de los dos últimos autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que elimina, entre otras medidas, la exigencia del certificado covid para acceder a determinadas actividades y ha recordado que desde hace más de un año se pide una prueba diagnóstica para entrar en hoteles o para llegar a Canarias.
El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha señalado que aún no les han notificado este auto pero ha especificado que la decisión judicial sustituye a las medidas establecidas por el Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió hoy dos autos en los que suspende de forma cautelar la exigencia establecida por el Gobierno de Canarias de presentar el certificado Covid para ocupar el aforo interior en los establecimientos de hostelería y restauración o para acceder a actividades culturales o deportivas en interiores en los las islas en niveles 3 y 4.
Pérez ha añadido que en los autos se vincula la decisión del Tribunal Supremo de eliminar el toque de queda con el horario de las actividades cuando, en su opinión, no guarda relación ya que la primera se refiere a la movilidad. Pérez ha considerado que la exigencia de un certificado Covid, que ha recordado se pactó con el sector de la hostelería, no lesiona el derecho a la intimidad y ha recordado que desde hace un año en todos los establecimientos hoteleros se exige un documentado parecido así como en los puertos y aeropuertos para entrar en Canarias.
Ha adelantado que presentarán alegaciones a los dos autos y ha aclarado que todas las decisiones que toma el Gobierno lo hace siguiendo el criterio de los técnicos sanitarios y con el asesoramiento legal de los servicios jurídicos. Además ha puntualizado que en todas ellas se intenta conjugar la defensa de la salud; la economía y los derechos fundamentales.
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