Madrid, 13 nov.- UGT y CCOO han remitido una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para expresarle su "profundo desacuerdo" con el borrador de un anteproyecto de ley que elimina el derecho a la asistencia jurídica gratuita a los trabajadores en el orden jurisdiccional social.
En la misiva, enviada el pasado 8 de noviembre, los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente, han solicitado una entrevista a Ruiz-Gallardón para tratar el contenido de esta propuesta de reforma legislativa, así como del proyecto de ley de tasas judiciales, que se está tramitando en el Parlamento.
Los sindicatos destacan la "gravedad" de la eliminación de la justicia gratuita en el orden jurisdiccional social a los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social y los empleados públicos por considerar que "limitaría de forma evidente e injusta la capacidad del trabajador de defenderse, sin garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad real".
En opinión de UGT y CCOO, esto forma parte de "la ofensiva" que el Gobierno del PP está dirigiendo contra los bienes y servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía.
Desde el comienzo de la legislatura, según los sindicatos, el Ministerio de Justicia ha venido proponiendo medidas restrictivas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva con la excusa de la reducción del déficit público.
Para UGT y CCOO, el derecho constitucional a tener el amparo de los tribunales de Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos se está resintiendo a marchas forzadas, con reformas legales como el proyecto de ley de tasas judiciales.
Las organizaciones sindicales subrayan que el proyecto de ley de tasas establece "graves obstáculos" para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior los pronunciamientos judiciales que no les hubieran sido favorables en la primera instancia.
Ahora, los sindicatos se oponen al borrador de anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, cuyo contenido "da al traste con la situación de más de un siglo de amparo a los trabajadores" ante la vulneración de sus derechos por el empleador en sus relaciones laborales.
CCOO y UGT muestran su preocupación por el daño que la aprobación de esta norma podría causar a los trabajadores necesitados de promover la acción de la justicia.
"Estas medidas forman parte de una calculada estrategia conservadora para desequilibrar las relaciones laborales a favor de los intereses empresariales, cuyos hitos más distinguidos han sido la reforma laboral y la regulación procesal concordante", resaltan los sindicatos.
Las centrales critican que se introduzcan "obstáculos" que impiden el acceso a la justicia de los trabajadores, con la implantación de tasas judiciales en el orden jurisdiccional social o la pretensión de restringir al máximo los beneficiarios de la justicia gratuita, para desalentar a los trabajadores a aspirar al reconocimiento de sus derechos por vía judicial.
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