Un informe de Miquel Roca cuestiona la constitucionalidad de la Reforma Local

Barcelona, 11 jul.- La Diputación de Barcelona ha presentado hoy un informe, realizado por el jurista Miquel Roca i Junyent, que concluye que el anteproyecto de Ley de Bases de Régimen Local del Gobierno es de "dudosa constitucionalidad", al considerar que vulnera "buena parte" de las competencias municipales.

El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, ha asegurado en la presentación del dictamen que estudia el anteproyecto de ley que no se descarta recurrir al Tribunal Constitucional, en el caso que no se aprueben cambios en el redactado del texto legal.

El anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno pretende aprobar el próximo día 19 en el Consejo de Ministros, prevé limitar las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, exige unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potencia las diputaciones provinciales, que asumirán la gestión de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan capacidad para ello.

El análisis de Roca i Junyent, uno de los "padres" de la Constitución, señala que la futura ley constituye preceptos de "dudosa constitucionalidad", porque supone "un vaciado de buena parte de las competencias" de los ayuntamientos y un traspaso de los servicios a las diputaciones municipales.

Según el informe, la Constitución no permite dejar en manos del Ejecutivo una fórmula para calcular los "costes estándar" de los servicios municipales que puede acabar comportando que los ayuntamientos "se vean privados de una serie de competencias atribuidas" en las elecciones locales.

Asimismo, dicha reforma "lamina", según ha explicado el coordinador general de la Diputación, Xavier Forcadell, competencias que corresponden al Gobierno catalán en base a la exclusividad competencial que otorga el Estatuto de Cataluña en relación a los gobiernos locales.

En este sentido, el informe de Roca asevera que la futura ley debería "tener en cuenta el contexto histórico y legislativo que el Parlamento de Cataluña ha ido desarrollando" durante los últimos años y que deben ser las instituciones catalanas las que decidan "las competencias" del régimen local de esta comunidad autónoma.