Washington, 13 ago.- El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, Darrell Issa, prevé presentar cargos hoy contra el fiscal general, Eric Holder, en relación con la investigación por el trasiego ilegal de armas a México en 2009, informaron fuentes legislativas.
La demanda civil se debe a que, según el líder republicano, Holder se ha negado a entregar documentos adicionales relacionados con la operación encubierta que permitió el traspaso ilegal de hasta 2.000 armas a México.
Issa, representante republicano por California, ya había adelantado su plan de presentar los cargos ante un tribunal federal mediante su cuenta de Twitter la noche del domingo.
Su objetivo es lograr que un juez federal obligue al Departamento de Justicia a que entregue los documentos, previamente solicitados por el Comité mediante una citación judicial.
Pero la Administración Obama desoyó esa solicitud y el pasado 20 de junio recurrió por primera vez a la figura del fuero ejecutivo, que protege las deliberaciones internas del Gobierno federal.
El Departamento de Justicia entregó a los legisladores más de 7.600 páginas relacionadas a la operación "Rápido y Furioso", a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), pero se niega a entregar más documentos que, a su juicio, pondrían en riesgo las investigaciones en curso.
Así, el pasado 28 de junio y tras más de un año de investigar la operación "Rápido y Furioso", la Cámara Baja, controlada por los republicanos, votó a favor de sendas resoluciones de censura para acusar de desacato a Holder, pero éstas no fueron sometidas a voto ante el Senado, bajo control demócrata.
El Departamento de Justicia de EEUU dijo en junio pasado que no abriría un proceso judicial contra Holder a raíz del voto de censura en la Cámara Baja.
Sin embargo, una de las resoluciones aprobada en la Cámara Baja otorgaba al Comité presidido por Issa la autoridad de entablar una demanda contra Holder lo que, según el consenso de los expertos, abriría un largo e impredecible proceso judicial.
El Comité exige documentos posteriores al 4 de febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia negó la existencia de la operación, algo de lo que se retractó en diciembre de ese año.
La operación permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.
Pero la ATF, que depende del Departamento de Justicia, le perdió el rastro a esas armas, que fueron a parar a manos de delincuentes. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.
Además, dos de ellas, dos rifles de asalto AK-47, aparecieron en la escena del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, el 15 de diciembre de 2010.
Su muerte, usada como arma política por los republicanos, contribuyó a la terminación de "Rápido y Furioso" a principios de 2011.
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