La aparición de un nuevo comisionista en el conocido 'caso mascarillas' plantea más interrogantes. El cuadro de beneficios de las comisiones que dejó la compraventa de mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid, en uno de los momentos más duros de la pandemia de la Covid-19, incluye el nombre de alguien que hasta el momento no constaba en el sumario de la causa judicial abierta el pasado mes de abril, tras la admisión a trámite de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de un tal "Lin Shin", que, según refleja el documento, recibió un millón de dólares de los 6,6 que el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida abonó por dicho material sanitario.
Los investigadores han tenido conocimiento de un segundo empresario asiático después de que uno de los investigados, Luis Medina, conocido por ser el hijo del fallecido duque de Feria y de la modelo Naty Abascal, aportara este mismo martes la tabla íntegra del reparto de comisiones. En la causa consta dicho desglose pero 'recortado', pues "Lin Shin" no aparece en él. "Debido a un error de impresión, el correo electrónico recibido por mi principal el día 20 de abril de 2020 (que fue enviado al señor fiscal Anticorrupción en fecha 10 de mayo del año 2021), en el que consta un cuadro de comisiones, se ha aportado de forma incompleta", explica la defensa del empresario de la jet set en un escrito presentado ante el juez, consultado por La Información.
El cuadro es parte del texto de un e-mail enviado por el otro investigado en este procedimiento, Alberto Luceño, el presunto 'cerebro' de toda esta trama, ya que fue el encargado de negociar el contrato con la responsable municipal designada para la adquisición del material sanitario, Elena Collado. En él se especifica el lote de un millón de mascarillas KN95; dos millones y medio de guantes de nitrilo; y 250.000 test rápidos que se hizo llegar al consistorio por el importe total de 11,9 millones de dólares (unos 10,9 millones de euros); pero también el valor real de los productos y el precio por el que se vendió. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella por las sospechas de que los costes se incrementaron de manera excesiva para obtener beneficios irregulares. El Ayuntamiento de Madrid se encuentra personado como acusación, pero nunca denunció la presunta estafa.
El fiscal Luis Rodríguez Sol subrayó en su escrito que "el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 millones de dólares y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares". Así se deduce también del cuadro aportado entonces por Medina, en el que se indica que el consistorio pagó 6,6 millones en este caso. A través de esta tabla también se constató que el "profit" (beneficio) que "Luis" (Medina) y "Alberto" (Luceño) se llevaron por esta venta un millón de dólares cada uno de ellos; mientras que "Leno", la empresa de Malasia proveedora del material, recibió 700.000 dólares. Pero el nuevo 'cuadro' detalla que "Lin Shin" también se llevó otro millón, al mismo tiempo que se refleja otro medio millón bajo el nombre de "donación".
¿Quién es Lin Shin?
¿Quién es este Lin Shin?, ¿existe esta persona?, ¿realmente intervino en la compraventa de las mascarillas? Estas son las principales preguntas que ahora surgen entre los investigadores, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, que recuerdan que la Fiscalía Anticorrupción ya puso sobre la mesa sus sospechas sobre la posible invención, por parte de Luceño, de San Chin Choon, el supuesto dueño de la empresa malasia. Ahora suman a estas incógnitas si este nuevo 'personaje' realmente participó en la operación o en verdad fue una forma de justificar que el considerado 'cabecilla' de la trama de las mascarillas cobrara más.
En su declaración ante el fiscal Anticorrupción -antes de que se judicializara el caso-, Medina apuntó que se había sentido estafado por su compañero de negocios. Según explicó, la idea era que cada uno de ellos cobrara un tercio de los beneficios obtenidos en los tres contratos (mascarillas, guantes y test), si bien esto no ocurrió así. El hermano del actual duque de Feria solo recibió un millón por su labor de "facilitador", mientras que Luceño percibió cinco millones de dólares. Posteriormente, el investigado conocido en el mundo de las revistas del corazón se desdijo ante el juez y afirmó que no se había sentido engañado. No obstante, la directora de la oficina bancaria donde Medina ingresó su comisión dio una versión distinta, en su declaración como testigo, pues advirtió que el empresario le había confesado que esperaba cobrar más por el 'pelotazo' de las mascarillas.
De hecho, el cuadro recientemente incorporado a la causa expone que las comisiones previstas con respecto a los test rápidos-que se vendieron por 4,2 millones de dólares con el objetivo de obtener un cobro neto de más de tres millones- sería de 915.000 dólares para los dos empresarios, así como para "Lin Shin". En el caso de la empresa malasia, se destinaría 292.500 dólares para la empresa malasia. No obstante, el reparto es posible que no se hiciera como tal. Anticorrupción ya señaló en su querella que Medina no tuvo ganancias por este contrato. Todo ello debido a unos problemas previos con el encargo de los guantes. Tras recibir quejas sobre mala calidad, los empresarios imputados decidieron devolver 4.025.000 millones de dólares, que correspondería al precio pagado por el Ayuntamiento de Madrid menos 25.000 dólares que se le cargó para responder a la penalización que Leno impuso por el fracaso de la operación. Así, Luceño decidió recuperar pérdidas dejando a su colega sin comisión por las pruebas de detección del virus.
La idea era que cada uno de ellos cobrara un tercio de los beneficios obtenidos en los tres contratos (mascarillas, guantes y test), si bien esto no ocurrió así
Por otro lado, Luceño explicó en su declaración que su relación con el propietario de Leno, del que supuestamente era "agente exclusivo", era totalmente comercial, pero que se comunicaba con él a través de un intermediario chino llamado "Anthony", ya que el proveedor no hablaba inglés. Poco más se ha sabido de este 'traductor' durante toda la instrucción. Para aclarar este asunto, el fiscal pidió al juez que se registrara el domicilio y la oficina del empresario español para verificar la existencia de San Chin Choon. Y es que el representante del Ministerio Público desconfía de que los correos que han llegado al juzgado bajo el nombre del empresario asiático, y en los que se ha ofrecido a declarar por videoconferencia, hayan sido escritos realmente por él.
Según expuso el fiscal Rodríguez Sol, el mensaje enviado por el supuesto San Chin Choon, en el que afirma que Luceño y Medina eran sus agentes y que descartaba cualquier tipo de engaño al Ayuntamiento de Madrid con los precios, "presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna". Con estos argumentos, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, autorizó los registros, en el que se halló un "portapapeles negro con placa de agente de la autoridad Centro Nacional de Inteligencia".
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