Nadie en el entorno del PSOE lograba este jueves obtener una explicación congruente sobre el cambio dado por Unidas Podemos en la negociación de investidura para cambiar su petición de tener la cartera de Trabajo, por el control de las políticas activas de empleo, una de las partes estratégicas del ministerio de Magdalena Valerio, pero no precisamente la más importante y pacífica. De la misma manera, nadie en el entorno de la formación morada quiso dar una explicación creíble de ese giro de última hora, ni siquiera del objetivo genérico que pueden tener para ello: “No vamos a valorar ahora nada de este tema”, señalaba un responsable económico del partido de Pablo Iglesias en la tarde de este jueves, una negativa que alimenta la tesis de quienes defienden que no era más que un golpe de efecto ante una investidura que se daba por perdida.
“Lo mismo se han equivocado, porque la ejecución de las políticas activas de empleo lleva transferida a las comunidades autónomas desde hace una década y media”, señalaba un responsable del PSOE muy cercano a esta área, tras explicar que el diseño y la transferencia de fondos se hace a través de la Conferencia Sectorial de Empleo, donde están representadas todas las autonomías. Se trata de cerca de 6.000 millones de euros al año destinados a los planes anuales de formación, las estrategias de inserción laboral y los incentivos a la contratación de determinados colectivos con especiales dificultades o para promover la contratación indefinida.
Precisamente, el pasado 18 de julio se reunió la Conferencia Sectorial de Empleo, con los responsables de esa área de todas las comunidades autónomas, y se fijaron los criterios para el reparto de 297 millones de euros en políticas activas de empleo, un 5% del total previsto para esta partida en todo el ejercicio. Era la segunda reunión del año. La primera se produjo en febrero, donde se pusieron las bases para repartir otros 2.020 millones, lo que sitúa el gasto en este tipo de políticas en 2.317 millones en lo que va de año, un 9% más que lo distribuido un año antes.
Desde el ámbito sindical advierten que, de haber estado Podemos al frente de esas dos reuniones, habría sido el promotor de ese reparto millonario entre autonomías y habría reforzado su papel político entre unos colectivos sociales que son la base de su electorado (trabajadores, jóvenes sin empleo y parados de larga duración). Ese es el único beneficio político que puede suponer para la formación morada tomar el control de las partidas para promover el empleo y la formación entre los desempleados de este país, a no ser que, como se advierte en fuentes cercanas a ese departamento, todo haya sido fruto de una improvisación por parte de Podemos, al ver que nunca iba a conseguir el control total del Ministerio de Trabajo y, con él, del dinero de la Seguridad Social y su batalla particular contra la reforma laboral.
A pesar del control autonómico de los fondos destinados a políticas activas, la asignación para planes de formación ha sido siempre una partida muy jugosa para los agentes sociales, sobre todo porque parte del dinero que se destina a esa área va a parar tanto a formación para el empleo (que depende del Servició Público de Empleo) como para planes formativos sectoriales de trabajadores en activo. La parte de formación es la más amplía de este tipo de partidos, con más de 2.500 millones de euros, de forma que si desde Podemos se tiene la iniciativa en los criterios para ese reparto, se puede influir aunque sea de forma indirecta, en las patronales y los sindicatos de cada comunidad autónoma.
Aún así, tanto desde la patronal como desde las centrales sindicales se minimiza el efecto que una politización de este tipo de políticas activas de empleo, sobre todo porque se trata de un área en pleno proceso de revisión y reconversión, que cada vez tiene menos impacto en la generación de empleo para las empresas. La propia Comisión Europea, en su informe de primavera, exigía a España una reforma total del Sepe (antiguo Inem), porque apenas lo utilizan la cuarta parte de los parados del país, sobre todo por la falta de coordinación con las regiones, la escasa definición de los perfiles laborales y su poca conexión con los servicios sociales.
En ese contexto, la petición de Podemos se enmarcaría dentro de la intención el Ejecutivo de Sánchez de llevar a cabo toda esa reorganización, si bien fuentes técnicas del Ministerio aseguran que ese proceso no supondría en ningún momento la reversión al Estado de la parte de esas competencias que ya han sido transferidas.
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