Madrid, 24 oct.- UPyD ha reclamado que los etarras que sean excarcelados y que no hayan mostrado arrepentimiento, voluntad de reinserción o de colaboración con la Justicia no puedan cobrar el subsidio de desempleo al que tienen derecho los reclusos cuando abandonan la prisión y no cuentan con recursos económicos.
La reclamación de UPyD se produce tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anula la aplicación de la llamada doctrina Parot a la etarra Inés del Río, y que abre la puerta a la puesta en libertad de decenas de terroristas con largas condenas.
En una interpelación que se debatirá en el próximo pleno del Congreso, la formación que lidera Rosa Díez mantiene que estos excarcelados no deberían poder beneficiarse de ningún tipo de subsidio "si no muestran signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y colaboran activamente con las actividades".
Recuerda el texto que la Ley de Seguridad Social de 1994 reconoce el derecho a cobrar el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.
El reo deberá además carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
La iniciativa propone las modificaciones legales que sean precisas para evitar que estos etarras, no arrepentidos de sus crímenes, puedan beneficiarse de estas ayudas públicas.
UPyD advierte además de que existe una organización del entorno etarra, Harrera Elkartea, que se encarga precisamente de asesorar a los expresos para conseguir subsidios y ayudas del Estado y de las comunidades autónomas.
Según UPyD, esta asociación, que califica a los excarcelados como "presos políticos" y a los fugados como "exiliados" les da indicaciones para poder cobrar estas ayudas, como evitar empadronarse en el domicilio de los padres o familiares, algo que puede suponer fraude de ley.
"La administración competente debe estar vigilante para impedir que mediante fraude de ley o incumplimiento de los requisitos se perciban esos subsidios", añade.
Precisamente UPyD se dirigió ayer por escrito al fiscal general del Estado para que investigue las manifestaciones de Harrera Elkartea "alabando y justificando" la violencia terrorista, así como los homenajes que se están preparando para celebrar la suspensión de la doctrina Parot.
En una carta remitida ayer al fiscal, le solicita que abra "las oportunas diligencias de investigación" sobre los actos de esta asociación que pretende el regreso de los presos vascos y que defienda los intereses de las víctimas del terrorismo y de la sociedad democrática tras la sentencia del tribunal de Estrasburgo.
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